El Tribunal Oral Federal 7 retomará este martes las audiencias por el juicio de la denominada causa Cuadernos y definirá si acepta o rechaza los planteos presentados por las defensas de los imputados, que buscan declarar la nulidad del proceso.
Los planteos de las defensas
El primero de los pedidos lo presentó la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que solicitó la nulidad total del juicio al alegar irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. También cuestionaron el uso de la Ley del Arrepentido y la autenticidad de los cuadernos de Oscar Centeno.
El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, pidió suspender el debate por pruebas pendientes. Por su parte, la defensa del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, solicitó el sobreseimiento por prescripción de los delitos. Sostuvo que los hechos ya habían caducado cuando fue indagado, dado que llevaba años fuera de la función pública.
Varias defensas insistieron además en apartar a la UIF como querella, lo que eliminaría sus acusaciones del proceso.
La postura de la fiscalía
En la última audiencia, la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no deben prosperar. Y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.
Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegara a juicio soportaron «expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral».
«Esos obstáculos son reeditados nuevamente en un intento vano de evitar que la sociedad conozca los hechos que, sostenemos los acusadores, han acontecido«, agregó al rechazar todos los planteos interpuestos.
León también se refirió a las recusaciones de los jueces que intentaron varios imputados: «¿A quién se juzga? ¿Quiénes son los que están juzgados en este debate? ¿Es la Justicia Federal o son las personas que se encuentran imputadas por existir una sospecha seria de la comisión de delitos contra el Estado nacional?«.
En la misma línea, apuntó contra los empresarios que pidieron anular su declaración como testigos arrepentidos: «Ahora los abogados vienen a denunciar el acuerdo. La fiscalía encantada. Iremos con la pena completa. Si van a denunciar el acuerdo, bueno, el acuerdo se retira«, dijo.
El debate por la presencialidad
Si los jueces rechazan los planteos, el debate pasará a la etapa de las declaraciones indagatorias de los imputados, lo que abrirá otro conflicto ya planteado por la fiscalía: la presencialidad.
La fiscalía pidió en reiteradas oportunidades al tribunal —integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— que se abandone la modalidad virtual y el juicio pase a realizarse de forma presencial en el edificio de Comodoro Py. El TOF 7 es el único que sigue funcionando en el Palacio de Tribunales.
La hipótesis de la acusación
La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante «un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban».
«El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios».
