La Fiscalía de Género Nº 1 solicitó una prórroga de 60 días de la prisión preventiva que pesa sobre Sergio Fares, imputado por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad contra un adolescente de 15 años. Sin embargo, pidió que la medida continúe bajo modalidad domiciliaria, aunque no en el domicilio del acusado.
Durante la audiencia celebrada ante el Juzgado de Garantía Nº 3, la fiscal María Delia Bringas explicó que la investigación se encuentra en su etapa final y que quedan pocas evidencias por producir. Señaló que extender la detención en su modalidad actual sería “un adelanto de pena”, por lo que solicitó morigerar la medida sin afectar la protección de la víctima.
La fiscal planteó que la prisión domiciliaria no debe cumplirse en la vivienda donde se denunciaron los hechos el 6 de julio y pidió además 60 días adicionales para concluir la Investigación Penal Preparatoria. La defensa, a cargo del abogado Ricardo Gutiérrez Esley, acompañó el pedido y propuso la casa de un familiar, aunque sin especificar dirección ni ubicación.
Bringas sostuvo que aún existen riesgos procesales, especialmente por la situación de vulnerabilidad del adolescente, quien se encuentra bajo tutela del fuero de Familia. Advirtió que la amplia red de contactos del imputado y su reconocimiento dentro del barrio profundizan la asimetría entre las partes.
El defensor adjunto de Niñez, Nahuel Lede Zajic, se opuso a la morigeración y advirtió que el imputado conoce a la víctima y a su familia, lo que podría afectar el futuro juicio. Señaló que existen marcadas diferencias socioeconómicas y un riesgo concreto de presión o condicionamiento sobre el adolescente.
Lede recordó que estos riesgos ya habían sido valorados por el Tribunal de Impugnaciones en instancias anteriores y pidió que, en caso de otorgarse la prórroga de la investigación, el plazo de la prisión preventiva se mantenga también en 60 días. La querella, representada por Belén Levingston, acompañó esta postura.
Tras escuchar a las partes, el juez Marcos Flores Leyes consideró razonable la prórroga solicitada y resolvió extender la investigación por 60 días, entendiendo que la medida no vulnera garantías procesales ni resulta desproporcionada.
Respecto del pedido de prisión domiciliaria, el magistrado sostuvo que la alternativa es viable en principio, pero aclaró que en esta instancia no puede otorgarse debido a que la defensa no presentó un domicilio preciso y verificable para su cumplimiento.
El juez advirtió que persisten riesgos vinculados a la preservación de la prueba y a la cercanía con potenciales testigos, por lo que consideró prematuro modificar la medida. En consecuencia, dispuso extender la prisión preventiva por 7 días y fijar una nueva audiencia para volver a analizar la posibilidad de conceder la modalidad domiciliaria.
