El Gobierno nacional encabezará este lunes una audiencia virtual entre la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), en el marco de la conciliación obligatoria dictada tras el anuncio de cierre de la planta y el despido de 920 empleados. El encuentro busca destrabar el conflicto y analizar la continuidad laboral.
Primera audiencia tras el anuncio del cierre de Fate
La reunión, convocada por la Secretaría de Trabajo, se realizará de manera virtual desde las 12 y marcará el inicio formal del período de conciliación obligatoria entre la compañía fabricante de neumáticos y el gremio.
La medida oficial fue dispuesta por 15 días y ordena retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese contexto, los despidos quedaron suspendidos y la empresa debe garantizar tareas habituales mientras dure la instancia administrativa.
Desde Fate indicaron que cumplirán con lo establecido por la autoridad laboral y que retomarán las actividades de manera gradual, siempre que estén dadas las condiciones técnicas y de seguridad en la planta industrial.
El plan de cierre y los 920 despidos
El directorio de la compañía confirmó días atrás el cierre definitivo de la fábrica y la desvinculación de 920 trabajadores. Según trascendió, la empresa prevé continuar con el plan de clausura una vez finalizada la conciliación obligatoria.
Las indemnizaciones anunciadas tras el cierre no llegaron a concretarse debido a la intervención del Gobierno. En caso de extenderse la conciliación, las condiciones actuales se mantendrán hasta que concluya el proceso.
La firma atribuye la decisión a una fuerte baja en la demanda, el avance de las importaciones y un prolongado conflicto sindical. Sin embargo, la crisis no es reciente.
En 2019, Fate redujo 450 puestos de trabajo. Situaciones similares se repitieron en 2021 y 2022. En julio de 2024, la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras registrar pérdidas superiores a 30 millones de dólares durante el primer semestre del año.
Según la compañía, la demanda interna cayó un 30%, lo que profundizó el deterioro financiero. Además, mencionaron altos costos productivos, presión impositiva, dificultades para importar insumos, problemas de infraestructura, baja productividad y conflictividad gremial.
En mayo de ese mismo año ya se habían anunciado cerca de 200 despidos como parte de un proceso de ajuste.
Escalada del conflicto sindical
Tras la confirmación del cierre, el conflicto con el SUTNA se intensificó. Trabajadores y representantes gremiales realizaron manifestaciones dentro y fuera de la planta ubicada en San Fernando.
Posteriormente, la Justicia ordenó el desalojo de las instalaciones. El gremio cuestiona la decisión empresaria y reclama garantías para la continuidad laboral.
