El Gobierno nacional anunció la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que establecía el sistema de regulación de cuotas y matrículas para los colegios privados en Argentina.
La decisión, comunicada este martes, impactará en instituciones educativas de gestión privada sin subvención estatal, que representan aproximadamente el 6% del total de los establecimientos del país.
A partir de diciembre, alrededor de 2.000 colegios podrán definir sus valores de matrícula y cuotas para el ciclo lectivo 2026 sin seguir un esquema preestablecido por el Ministerio de Educación.
Por qué se eliminó el Decreto 2417/1993
El Decreto 2417/1993 obligaba a los colegios privados a informar antes de noviembre los montos de matrícula y cuotas del ciclo siguiente. Según el Gobierno, esa exigencia generaba distorsiones en los precios y proyecciones inflacionarias anticipadas, ya que las instituciones debían estimar aumentos sin certezas sobre la evolución económica.
Desde Casa Rosada señalaron que el régimen “empujaba a los colegios a fijar incrementos arbitrarios”, lo que provocaba que los precios de la educación crecieran por encima del promedio de la economía.
Como ejemplo, en 2024 la inflación fue del 117,8% anual, mientras que las cuotas de colegios privados aumentaron un 169%.
El nuevo esquema de aranceles
Con la derogación de la norma, el Gobierno permitirá que los colegios ajusten sus cuotas de manera gradual y realista, según explicó el ministro de Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.
El funcionario sostuvo que el nuevo contexto busca mayor transparencia y equilibrio entre los costos de las instituciones y las posibilidades de las familias.
“Cada colegio podrá definir sus aranceles en función de sus costos y dentro de un marco claro y transparente”, señalaron desde la cartera de Modernización.
El texto oficial asegura que la actualización favorece la sostenibilidad de los establecimientos educativos y promueve un entorno más equilibrado entre escuelas y familias, al permitir que los aumentos acompañen la evolución económica sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos.
Impacto en las familias y el sistema educativo
El Ejecutivo sostiene que la medida busca aliviar la carga económica de las familias al reemplazar los aumentos anticipados por ajustes progresivos, que reflejen los costos reales de funcionamiento de cada institución.
Sin embargo, algunos especialistas advierten que, sin un marco regulatorio claro, podría aumentar la disparidad de precios entre colegios y regiones.
Por ahora, el Ministerio de Educación no recibirá reportes de cuotas ni matrículas, como ocurría cada año desde la vigencia del decreto de 1993.
