Un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial inició este lunes el juicio oral contra la ex funcionaria provincial Cintia Marina Ramírez, quien está acusada de los delitos de peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa llega a debate con un pedido de condena de cinco años de prisión.
El tribunal está integrado por los jueces Fernando de Viana, como presidente, y Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur como vocales.
El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 1, Francisco Assat, y el fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán. La querella, en representación de Fiscalía de Estado, está a cargo de los abogados Santiago Calderón Salomón y Juan Cruceño. La defensa de la imputada es ejercida por los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio.
Durante la apertura del debate, la fiscalía sostuvo que buscará demostrar que Ramírez habría utilizado su cargo como funcionaria pública para organizar un circuito de administración y destino de fondos públicos que, según la acusación, benefició a una entidad privada vinculada a ella.
Uno de los ejes centrales de la acusación será lo que el fiscal Assat denominó una “triple identidad” de la imputada. Según explicó, Ramírez habría ocupado tres cargos con capacidad de decisión sobre los mismos recursos: como secretaria de Estado de Deportes de la provincia, presidenta del Ente de Deportes San Luis y presidenta de la asociación privada San Luis Fútbol Club.
Para la fiscalía, esa coincidencia de funciones habría permitido que una misma persona participara en la administración de fondos públicos, en la toma de decisiones sobre su destino y, al mismo tiempo, en la conducción de la entidad privada que habría resultado beneficiada con esos recursos.
Según la acusación, desde organismos estatales vinculados a la Secretaría de Deportes se realizaron transferencias millonarias destinadas a ese club. De acuerdo con la fiscalía, esos fondos habrían sido utilizados para cubrir gastos operativos como indumentaria deportiva, transporte, alimentación y viajes.
Otro de los puntos señalados por la acusación es la compra de un colectivo que, según el Ministerio Público Fiscal, habría sido adquirido con fondos públicos. En el juicio se buscará determinar cómo se desarrolló el trámite administrativo de la compra, la intervención que habría tenido la imputada en el proceso y un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos pagado por el vehículo.
La querella acompañó la acusación y sostuvo que los hechos deben analizarse de manera integral, teniendo en cuenta el contexto en el que se tomaron las decisiones administrativas y el destino final de los recursos públicos. Además, remarcó el compromiso del Estado en investigar y sancionar posibles hechos de corrupción.
Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió rechazar el pedido de la defensa al considerar que no correspondía incorporar esa resolución en el actual estadio procesal.
El juicio continuará con la producción de pruebas testimoniales y documentales. Está previsto que el debate se extienda hasta el 20 de marzo y que durante las audiencias declaren 29 testigos.
