En San Juan, Roberto Espiro Mitar fue condenado a 9 años de prisión por explotar sexual y laboralmente a una mujer con discapacidad intelectual. La víctima fue mantenida en servidumbre durante dos meses. El fallo incluye una indemnización de $4 millones por daños.
Un hombre de la comunidad gitana fue condenado en San Juan a nueve años de prisión por haber sometido a una mujer con discapacidad intelectual a condiciones de explotación sexual y laboral. Se trata de Roberto Espiro Mitar, hallado culpable de trata de personas, abuso sexual y coacción en un vínculo forzado de hecho.
El caso ocurrió entre enero y marzo de 2023, cuando Mitar “adquirió” a la joven a otra familia de la comunidad y la obligó a realizar venta ambulante, además de mantener relaciones sexuales sin consentimiento.
Durante el proceso judicial, la mujer declaró que era vigilada constantemente, que debía entregar el dinero de sus ventas a la familia del acusado y que no tenía control sobre su cuerpo ni decisiones personales. Relató que fue forzada a retirarse un chip anticonceptivo en un centro médico cercano, con el objetivo de quedar embarazada, lo cual la fiscalía consideró un acto de violencia sexual y reproductiva.
La joven logró escapar mientras vendía artículos en la calle y fue rescatada en marzo de ese año. Luego de presentar su denuncia, la familia del acusado intentó silenciarla, trasladándola a San Luis para firmar una retractación ante escribano, bajo amenazas.
Sin embargo, una nueva declaración en Cámara Gesell permitió a la víctima ratificar todos los hechos y revelar la presión que sufrió para cambiar su testimonio, lo que derivó en otra causa penal contra quienes participaron de ese intento de encubrimiento.
El juez Daniel Doffo destacó que la víctima se encontraba en extrema vulnerabilidad: sin contención familiar ni estatal, y con un bajo nivel intelectual. Subrayó también que algunos elementos culturales de la comunidad gitana fueron utilizados como excusa para ejercer violencia, advirtiendo que “la diversidad cultural no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales”.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó que el acusado pague una indemnización de $4 millones a la víctima. La cifra fue calculada en base al daño económico, moral y psicológico, con la colaboración de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
Se dispuso también que la mujer reciba apoyo del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y que sea informada ante cualquier beneficio penitenciario que el condenado pudiera solicitar.
Durante el juicio, la defensa fue cuestionada por el fiscal Fernando Alcaraz por su falta de perspectiva de género y por utilizar estereotipos para desacreditar el testimonio de la víctima. El juez coincidió, señalando que esa actitud agravó la situación de violencia durante el proceso judicial.
