Los consorcios camineros en San Luis tomarán como referencia la experiencia de Córdoba para mejorar el mantenimiento de los caminos rurales. El sistema prevé organizar 17 circuitos para intervenir en 4.461 kilómetros de caminos sin pavimentar, con financiamiento específico y participación de los productores.
Maximiliano Razzeto, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), defendió el funcionamiento del modelo cordobés y afirmó que los resultados mejoraron a partir de una mayor intervención de las entidades agropecuarias en su administración.
“La experiencia de Córdoba es muy buena”, afirmó. La provincia cuenta con consorcios camineros desde hace 65 años, aunque Razzeto ubicó los principales avances en los últimos cuatro o cinco años.
En San Luis, el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto reglamentario de la Ley de Consorcios Camineros, que establece la organización del sistema para atender la red vial rural.
El fondo fiduciario, la clave del sistema cordobés
Razzeto señaló que uno de los principales cambios en Córdoba fue la creación de un fondo fiduciario destinado al mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales.
“Lo más importante de esto es que el fondo sea un fondo fiduciario, que la plata no se desvíe. La plata esté ahí, que sea intangible y que vaya pura y exclusivamente a la realización de las obras”, explicó.
El dirigente detalló que el fondo se financia con el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural. Además, cuenta con auditorías del Banco de la Provincia de Córdoba y de la Auditoría General de la Provincia.
El esquema establece pagos mensuales a los consorcios, calculados a partir de los kilómetros bajo su responsabilidad, las tareas realizadas y las características del terreno.
Razzeto comparó este mecanismo con el sistema anterior, en el que los recursos ingresaban a Rentas Generales y su administración dependía de Vialidad. Esa modalidad, recordó, generaba reclamos por demoras y dificultades para disponer de los fondos.
En San Luis, la composición del fondo será diferente. De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno provincial, se integrará con el 100% de lo recaudado por el Documento Provincial (DO.PRO) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural.
Quién decide las obras y cómo se financian
El titular de CARTEZ agregó que el fondo cubre los trabajos habituales de mantenimiento, sin que cada productor deba realizar un aporte adicional para esas tareas.
Las obras de mayor envergadura, como la pavimentación de caminos secundarios o terciarios, pueden requerir un esquema de financiamiento compartido entre el Estado y los productores.
“Si los productores quieren asfaltar un camino que es secundario y terciario, el gobierno pone una parte”, indicó. Como ejemplo, mencionó proyectos en los que la Provincia aportó el 60% del costo y los productores, el 40%.
El procedimiento contempla una consulta a los productores y un registro de oposición. En el mecanismo que describió Razzeto, si más del 60% de los productores vinculados al camino está de acuerdo, comienza el proceso administrativo para ejecutar la obra.
De esta manera, las decisiones incorporan la opinión de quienes utilizan los caminos rurales, además de la intervención de las autoridades.
El papel de los productores en las prioridades
La participación de los productores también resulta central para definir qué caminos necesitan atención y cómo se distribuyen los recursos disponibles.
Razzeto remarcó que en Córdoba se realizaron relevamientos y se utilizaron herramientas de información territorial para clasificar los caminos por importancia. Entre los criterios se consideran la presencia de escuelas, tendidos eléctricos y establecimientos productivos, además del tipo de actividad agropecuaria de cada zona.
Con esos datos, los consorcios pueden establecer prioridades y organizar los trabajos de acuerdo con las necesidades de cada sector.
“Los productores de cada una de las zonas se tienen que involucrar, porque son ellos los que conocen el camino”, sostuvo.
El dirigente advirtió que los fondos son limitados y que las mejoras requieren planificación y continuidad. Los resultados, señaló, no aparecen de inmediato.
“De un día para el otro uno no ve la obra, pero dos, tres, cuatro años va a empezar a ver que los caminos van a empezar a mejorar”, sentenció.
Qué puede aportar la experiencia de Córdoba a San Luis
Razzeto indicó que acercó a las autoridades sanluiseñas la legislación cordobesa y la experiencia de las entidades rurales para contribuir al diseño del nuevo régimen. También advirtió que las diferencias geográficas y productivas entre ambas provincias exigen adaptar el sistema a cada realidad.
Mientras Córdoba cuenta con unos 57.000 kilómetros de caminos rurales, San Luis prevé intervenir en 4.461 kilómetros de caminos sin pavimentar, distribuidos en 17 circuitos.
Para el presidente de CARTEZ, el funcionamiento de los consorcios dependerá tanto de la disponibilidad de recursos como del compromiso de los productores y de quienes integren las organizaciones.
“Si los productores no se involucran, el esfuerzo es en vano”, concluyó.
