Dirigentes de La Libertad Avanza están en el centro de un escándalo por el presunto cobro compulsivo de aportes salariales a funcionarios políticos de PAMI y Anses en distintas provincias. La maniobra habría servido para financiar actividades partidarias y ya derivó en denuncias judiciales en Chaco, Misiones y Santa Cruz, mientras en La Pampa se reconocieron públicamente los aportes.
Investigación judicial en Chaco
En Chaco, la situación pasó del terreno político al judicial. Este lunes, el fiscal federal Patricio Sabadini solicitó a la jueza Zunilda Niremperger la apertura formal de una causa para investigar presunta extorsión a empleados de PAMI y Anses. La presentación se basa en “claros actos intimidatorios” por parte de referentes libertarios para forzar el aporte de parte del salario de los trabajadores, con el fin de sostener el aparato partidario.
Según el fiscal, la maniobra fue expuesta por medios nacionales, que revelaron que empleados eran presionados para entregar un porcentaje de sus sueldos a cambio de mantener sus cargos. “La contratación de personal debía priorizar a quienes aseguren lealtad al partido”, sostiene la denuncia, que incluye planillas con nombres, montos y transferencias hacia responsables locales.
Sabadini consideró que la intimidación para exigir el dinero ocurrió en un contexto de vulnerabilidad laboral y justificó así la apertura de una instrucción judicial formal.
Denuncia penal en Misiones
En Misiones, el dirigente agropecuario Samul Doichele, también de La Libertad Avanza, denunció penalmente a Adrián Núñez, titular del partido en la provincia, por pedir a funcionarios de PAMI y Anses que entregaran el 10% de su sueldo para financiar el espacio.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal, a cargo de Horacio Campitelli, e incluye capturas de pantalla de conversaciones en las que también aparece mencionada Samanta Steckler, vicepresidenta partidaria. Según Doichele, ambos formaban parte de la Junta Directiva y orquestaron la maniobra.
Testimonios y pruebas en Santa Cruz
En Santa Cruz, la acusación llegó desde dentro del propio organismo. El exjefe de la delegación Caleta Olivia del PAMI, Sergio Torres, denunció al actual director, Jairo Guzmán, por exigir a empleados y médicos asociados un aporte obligatorio del 10% del salario.
La causa se inició en un juzgado provincial, pero ahora interviene la jueza federal Marta Yáñez. Ya declaró el denunciante, quien aportó pruebas documentales y mensajes de WhatsApp. En uno de ellos, una auditora médica se queja del “destrato” y el pedido de un porcentaje del sueldo como condición para continuar trabajando.
Aportes reconocidos en La Pampa
En La Pampa, aunque no hay denuncia judicial, el escándalo estalló a raíz de un cruce mediático entre dirigentes libertarios. Uno de ellos, Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo provincial de La Libertad Avanza, reconoció públicamente que se había acordado “un aporte fijo entre seis funcionarios”.
Jamad explicó en un posteo en X que la recaudación se hizo a través de una cuenta bancaria personal, lo cual generó críticas internas. Argumentó que esa vía fue “excepcional” porque el presidente del partido, Luciano Ortíz, aún no había abierto una cuenta oficial.
Además, aseguró que los funcionarios “conocían perfectamente el destino de los fondos” y que ninguno pidió la devolución del dinero ni cuestionó el procedimiento.
Con información de Tiempo Argentino
