El hallazgo de restos óseos en una casa de Villa Urquiza permitió identificar a Diego Fernández, desaparecido en 1984. Sin embargo, el crimen ya no puede ser juzgado por la Justicia.
En mayo de este año, un grupo de obreros encontró restos óseos en una fosa improvisada en un terreno de Villa Urquiza, lindero a la vivienda donde residió Gustavo Cerati. Junto a ellos había pertenencias personales que llamaron la atención de un sobrino de Diego Fernández, quien alertó a la familia.
Tras un análisis de ADN, se confirmó que se trataba de Diego, el joven de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984. Durante más de cuatro décadas, la causa estuvo archivada bajo la carátula de “fuga voluntaria”.
Los peritos de la Policía de la Ciudad recogieron 151 fragmentos óseos, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el cuerpo presentaba una herida punzocortante y signos de intento de desmembramiento. Con estos indicios, la investigación se reabrió bajo la hipótesis de homicidio.
El límite legal: un crimen prescripto
Pese al avance en las pericias, la Justicia enfrenta un obstáculo insalvable: la prescripción. El abogado penalista Alejandro Olivera explicó a MDZ que el plazo máximo para juzgar un homicidio simple es de 12 años, y para un homicidio con pena perpetua, 15 años.
“El delito prescribe desde la medianoche del día en que se cometió. Si no hubo imputados ni indagatorias, ese reloj nunca se detiene”, señaló Olivera.
Esto implica que, transcurridos 41 años, no existen condiciones legales para imputar a un responsable, incluso si existiera un sospechoso.El fiscal Martín López Perrando pidió la indagatoria de Cristian Graf, excompañero de la víctima en la ENET N° 36 y actual residente de la casa donde se hallaron los restos. Sin embargo, no puede ser acusado de homicidio.
La Justicia solo podría investigarlo por encubrimiento u ocultamiento de pruebas, delitos que tienen una pena máxima de seis años y que también ya prescribieron.
Un juicio sin certezas posibles
Ante este escenario, la única alternativa sería un juicio por la verdad, cuyo objetivo no es castigar a los responsables, sino esclarecer los hechos. No obstante, Olivera advierte que el paso del tiempo debilita cualquier intento de reconstrucción: no hay arma homicida, los testigos son imprecisos y las pruebas materiales son limitadas.
“Un juicio hoy sería un resultado mentiroso, porque la duda razonable siempre beneficia al imputado”, afirmó el penalista.
El caso de Diego Fernández vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la prescripción de delitos graves en Argentina. Para algunos especialistas, estas limitaciones legales terminan frustrando el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Según Olivera, “el derecho es el lenguaje de la política”, y en Argentina las leyes muchas veces se ven condicionadas por la coyuntura social más que por una lógica jurídica coherente.
