La COP 30, realizada recientemente en Belém (Brasil), reunió a líderes globales en un contexto de creciente emergencia ambiental. Organizaciones y especialistas alertaron sobre el avance de la megaminería, la explotación de combustibles fósiles y proyectos como Vaca Muerta, que intensifican la crisis climática en América Latina, una de las regiones más afectadas por eventos extremos y violencia contra ambientalistas.
Un escenario crítico para América Latina
Una región golpeada por el calentamiento global
América Latina se ubica entre las zonas donde más aumentaron las temperaturas y los fenómenos climáticos extremos: inundaciones, olas de calor, sequías y tormentas que dañan infraestructuras, ecosistemas y ponen vidas en riesgo.
Además, es la región con mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales, un indicador del conflicto entre economías extractivas y comunidades locales.
Impactos acumulados de industrias contaminantes
La crisis ecológica regional no solo se explica por las emisiones de carbono. También influyen:
- Deforestación acelerada
- Minería a cielo abierto
- Contaminación de acuíferos
- Fracking y extracción no convencional
- Uso intensivo de agroquímicos
Estos procesos reducen la disponibilidad de agua, deterioran suelos, afectan la salud pública y aumentan la vulnerabilidad energética.
Expectativas frustradas en la COP 30
Lo que se esperaba y lo que finalmente ocurrió
Tras tres cumbres realizadas en países petroleros, Belém representaba la esperanza de compromisos contundentes en defensa del Amazonas y de la transición energética. Sin embargo, especialistas sostienen que no hubo avances significativos.
No se acordó eliminar gradualmente los combustibles fósiles, ni se impulsaron medidas fuertes para desmantelar infraestructuras contaminantes. Según analistas, la influencia de corporaciones y élites económicas bloqueó decisiones claves.
El rol de Argentina: entre Vaca Muerta y la megaminería
Argentina fue señalada por organizaciones ambientales como un actor que continúa promoviendo actividades altamente contaminantes. Entre ellas:
- Expansión de Vaca Muerta, uno de los mayores proyectos de fracking del continente.
- Impulso a la megaminería en Mendoza, que generó fuertes protestas sociales.
- Degradación de suelos agrícolas por uso de fertilizantes químicos.
- Intentos por flexibilizar normativas ambientales, como la ley de glaciares.
Estas políticas, advierten especialistas, refuerzan la dependencia de modelos extractivos y comprometen recursos estratégicos como el agua.
La desigualdad climática: quién contamina y quién paga
El impacto no se distribuye por igual
Datos internacionales revelan profundas asimetrías:
- El 50% más pobre del mundo genera solo el 10% de las emisiones, pero es el más afectado por inundaciones y desastres.
- El 10% más rico produce el 47% de las emisiones globales.
- El 1% más rico contamina 75 veces más por persona que la mitad más pobre del planeta.
- Ese 1% concentra el 74% de la riqueza global, mientras que quienes menos tienen carecen de recursos para adaptarse o recuperarse.
Las inversiones fósiles continúan protegidas por contratos internacionales que podrían generar litigios millonarios si se cancelan, lo que condiciona la capacidad de los Estados para tomar decisiones ambientales.
Expansión global de combustibles fósiles
A pesar de las advertencias científicas, el mundo sigue ampliando su infraestructura fósil. Según el Global Energy Monitor:
- Hay más de 200 nuevos proyectos de petróleo y gas en marcha.
- Existen más de 850 minas de carbón en desarrollo.
- En 2023 funcionaban 825 refinerías, y su capacidad crecería un 15% para 2027.
Las instalaciones, incluso una vez desmanteladas, dejan fugas de metano y contaminantes que afectan durante décadas.
Un futuro incierto si no se toman decisiones drásticas
La comunidad científica sostiene que ya no es posible cumplir el objetivo de 1,5°C de aumento máximo de temperatura y que incluso la meta de 2°C está en riesgo. Continuar con el modelo actual implicaría consecuencias severas e imprevisibles para los ecosistemas y las sociedades.
Entre las propuestas urgentes se destacan:
- Prohibir nuevas inversiones en combustibles fósiles.
- Penalizar fiscalmente los activos contaminantes.
- Fortalecer el rol regulador del Estado.
- Impulsar infraestructura para una transición energética real.
- Crear marcos legales que protejan a futuras generaciones de litigios corporativos.
