El exviceprimer ministro y exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, enfrenta desde este martes un juicio sin precedentes ante el Tribunal Supremo Popular. Está acusado de corrupción, espionaje y otros delitos económicos que sacuden al círculo de poder más cercano al presidente Miguel Díaz-Canel.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba comenzó este martes el proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y viceprimer ministro. El caso, considerado uno de los más graves en la historia reciente del país, incluye cargos por espionaje, malversación y corrupción.
La audiencia se desarrolla ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en un formato cerrado al público, según informó el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC). Solo las partes involucradas y personas autorizadas por el tribunal tienen acceso.
Quién es Alejandro Gil Fernández
Con 61 años, Gil Fernández es el funcionario de mayor rango en ser enjuiciado desde las destituciones del exvicepresidente Carlos Lage y del excanciller Felipe Pérez Roque en 2009. Graduado como ingeniero en explotación del transporte, desarrolló su carrera dentro de empresas estatales hasta asumir el liderazgo del Ministerio de Economía.
Durante su gestión, fue una figura clave en la unificación monetaria de 2021, que eliminó el peso convertible (CUC) y consolidó el peso cubano (CUP) como única moneda oficial. También impulsó la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas privadas (MiPyMEs) tras décadas de prohibición, y gestionó la crisis económica post-pandemia.
El economista Omar Everleny, profesor de la Universidad de La Habana, lo describió como “una de las figuras más influyentes en la política económica reciente y un funcionario muy cercano al presidente Díaz-Canel”.
Las acusaciones: espionaje, corrupción y lavado de activos
La Fiscalía General de la República imputó a Gil Fernández por una decena de delitos, entre ellos:
- Espionaje
- Malversación
- Cohecho
- Falsificación de documentos públicos
- Evasión fiscal
- Tráfico de influencias
- Lavado de activos
- Infracción de normas sobre documentos clasificados
- Sustracción y daño de objetos bajo custodia oficial
El exministro permanece en prisión preventiva desde su destitución en febrero de 2024, cuando también perdió su banca en la Asamblea Nacional y su lugar en el Comité Central del PCC.
Un golpe al poder económico civil
Pese a su alta influencia, especialistas señalan que Gil Fernández no tenía control total sobre la economía cubana. El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), bajo el mando de las Fuerzas Armadas, gestiona gran parte del sector económico más rentable: hoteles, tiendas en divisas, puertos y aduanas.
“El área civil estaba en manos de Gil, pero el mundo en divisas y las operaciones más dinámicas las controla GAESA”, explicó Everleny.
El caso de Gil Fernández recuerda otros episodios en los que altos funcionarios fueron apartados por “falta de lealtad” o “errores graves”. En 1999, el excanciller Roberto Robaina fue destituido y apartado de la vida pública. En 2009, Carlos Lage y Felipe Pérez Roque perdieron sus cargos por supuestas filtraciones de información. Ninguno de ellos fue encarcelado.
En contraste, el proceso contra Gil representa un endurecimiento del control político dentro del aparato estatal cubano y una señal del creciente hermetismo del régimen.
