A cuatro años de la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans en Argentina, la realidad del colectivo sigue marcada por la precariedad, el desempleo y la falta de políticas sostenidas. El ajuste en el Estado, sumado a la falta de cumplimiento de la normativa, pone en riesgo un derecho conquistado por décadas de lucha.
Una conquista histórica con nombre propio
El 24 de junio de 2021, Argentina dio un paso clave hacia la inclusión: el Senado aprobó la Ley 27.636, conocida como Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans. Impulsada por décadas de militancia, y en homenaje a las activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins, la norma estableció que al menos el 1% de los puestos en el Estado nacional deben estar destinados a personas travestis, trans y transgénero.
El objetivo era claro: garantizar el acceso a empleos formales para un colectivo históricamente marginado del mercado laboral. La ley también promovía la inserción en el sector privado y el acceso a la educación, como herramientas para una inclusión real y duradera.
Ajuste estatal y pérdida de puestos: un escenario preocupante
A pesar del hito legislativo, el contexto actual muestra señales de retroceso. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron 48.672 empleos en el Estado nacional, según datos del INDEC. Si bien no hay cifras oficiales sobre cuántas personas trans fueron afectadas, organizaciones denuncian despidos concretos en áreas donde el cupo se venía implementando.
Un informe del Observatorio de ATE Nacional expuso que, solo entre diciembre de 2023 y abril de 2024, al menos 80 personas travestis, trans y no binarias fueron desvinculadas de organismos públicos. Los sectores más afectados fueron:
- Secretaría de Trabajo: 27 despidos
- Ministerio de Desarrollo Social: 23
- ANSES: 20
- Cancillería: 10
Estos recortes representan un 77% del personal TTNB en el ex Ministerio de Trabajo y un 36% en el de Desarrollo Social.
Brecha laboral, discriminación y precariedad
Más allá del ingreso formal, muchas personas trans enfrentan barreras persistentes dentro del ámbito laboral. La discriminación, el aislamiento y la violencia simbólica siguen presentes en muchos espacios, dificultando la permanencia en los puestos.
El informe Diversidad en el Trabajo (Bumeran, 2025) revela que:
- 7 de cada 10 trabajadoras sufrieron algún tipo de discriminación.
- El 6% de las personas consultadas ocultó su identidad de género por miedo a ser despedidas.
- Más del 70% considera que las empresas no aplican políticas de diversidad efectivas.
En paralelo, los bajos salarios y la falta de estabilidad profundizan la exclusión. El 57% de las personas trans empleadas en el Estado vive por debajo de la línea de pobreza, según el Observatorio de ATE. La mayoría ingresa en escalafones mínimos, sin posibilidad de promoción ni mejora salarial.
Acceso a la vivienda: otro obstáculo estructural
La precariedad habitacional también es una constante. El 60% de las personas trans alquilan, y muchas deben recurrir a hoteles o pensiones con costos elevados. La discriminación por parte de propietarios agrava el acceso al alquiler formal.
Voces desde adentro: testimonios que exigen respuestas
Bárbara Di Rocco, activista y productora trans, explicó que la ley marcó un cambio profundo en la vida de muchas personas: “Pasamos de la calle al empleo formal, de la violencia a la tranquilidad”. Sin embargo, denuncia que el cupo no se cumple y que muchas compañeras siguen siendo víctimas de burlas, prejuicios y exclusión dentro del mismo Estado.
“Estoy cansada de llegar a oficinas con 1.500 empleados y no ver a una sola persona trans”, lamenta. También señala la falta de oportunidades en los medios y en la política: “Todavía no hay ni una sola diputada o senadora trans”.
¿Retroceso o desinterés?
Pato Laterra, economista y activista LGBT+, advierte que la implementación de la ley está en declive. Mientras en años anteriores algunos organismos alcanzaban un cumplimiento del 19%, hoy esa cifra cayó al 15%. Según su análisis, el Estado “desimplementó” la política y abandonó la agenda de inclusión.
“La ley fue una reparación. Pero sin campañas, sin presupuesto y sin voluntad institucional, no se sostiene”, advierte. Además, remarca que la falta de políticas inclusivas es parte de una “batalla cultural” en la que la población LGBTI+ resulta invisibilizada.
