El diputado nacional de Unión por la Patria y autor del proyecto, Daniel Arroyo, celebró la amplia mayoría con la que la Cámara de Diputados aprobó el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“La situación de las familias es desesperante, pero ayer hubo alegría porque conseguimos algo histórico”, afirmó. Ahora la definición queda en manos del Senado.
Un rechazo contundente al veto de Milei
La Cámara de Diputados le dijo “no” al veto del presidente Javier Milei: 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones marcaron un resultado abrumador. Afuera del Congreso, familias y organizaciones reclamaban lo que la ley promete: acceso, atención y justicia social.
La norma, sancionada en julio, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y garantiza inclusión en el Programa Incluir Salud. Además, transforma automáticamente las pensiones por invalidez laboral en la nueva pensión por discapacidad y regulariza deudas históricas del sistema.
“La situación es desesperante”
Arroyo describió con crudeza la realidad: “La situación es desesperante de las familias y de las personas con discapacidad. No acceden a medicamentos, a terapias, ni a traslados. Está todo trabado. La ley reordena y organiza el sistema. Lo de ayer fue histórico porque conseguimos más de los dos tercios de Diputados para rechazar el veto”.
El camino hacia el Senado
Arroyo recordó que el proyecto fue ganando cada vez más apoyo: “Primero, para emplazar a la Comisión de Presupuesto, logramos 126 votos. Después, para aprobar la ley, 148 votos. Y finalmente, para rechazar el veto, 172 votos. Cada vez más consenso y más conciencia de la situación”.
El legislador aseguró que el Senado también dará su aval: “Ya se votó con dos tercios cuando se aprobó la ley. Estoy convencido de que el Senado ratificará y quedará definitivamente puesta en marcha”.
“No tiene impacto fiscal, es deuda del Estado”
Uno de los argumentos del oficialismo para justificar el veto fue el costo económico. Arroyo lo desmintió: “Reordenar todo el sistema implica apenas el 0,003% del PBI. No tiene impacto fiscal, es deuda del Estado. El gobierno no actualizó el nomenclador durante todo el año, y por eso hoy le debe a las personas con discapacidad y a sus familias. No hay razón para vetar esta ley”.
El diputado agregó que el Ejecutivo debe cumplir:“No es voluntario ni creativo. Es ley, y hay que aplicarla”.
Un mensaje final
Con tono esperanzado, Arroyo cerró: “La angustia y la desesperación de las familias es enorme. Por eso tanta alegría ayer: porque detrás del sufrimiento hubo una respuesta. Lo que conseguimos es histórico”.
