El diputado nacional Daniel Arroyo criticó con dureza el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, de la cual es autor, y aseguró que se trata de una decisión “absurda, cruel y sin justificación económica”. La norma había sido aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras y ahora el Congreso deberá votar si insiste para que entre en vigencia.
“Es una ley de pura justicia y humanidad. Las familias están desesperadas, no acceden a terapias, traslados, medicamentos ni acompañamientos básicos”, explicó Arroyo en diálogo con el programa El Juego de la Política. Además, afirmó que muchos hogares y centros de día se encuentran al borde del cierre por la falta de actualización en los pagos del Estado.
El legislador detalló que la norma no representa un gasto significativo para el Estado. “Tiene un impacto fiscal de apenas el 0,003% del PBI. Es más una deuda que un gasto: las prestaciones aumentaron solo un 0,5% en lo que va del año, mientras los costos subieron mucho más”, subrayó.
Arroyo sostuvo que el veto es parte de una lógica del gobierno nacional que prioriza hablarle al mercado sin contemplar consecuencias humanas. “Ni Trump, ni Bolsonaro, ni Meloni hicieron algo semejante. Es un invento cruel de este gobierno”, afirmó. También denunció que el Estado nacional concentra recursos pero se desentiende de sus obligaciones, trasladando la crisis a provincias y municipios.
El diputado aseguró que insistirán con la sanción de la ley y se mostró optimista: “Hace 40 días conseguimos los dos tercios necesarios en Diputados y en el Senado. Sería muy raro que ahora alguien cambie el voto, más aún con el drama que viven las familias”.
Al ser consultado sobre el rol de los gobernadores, Arroyo destacó que su apoyo será clave para avanzar con leyes compensatorias en áreas críticas como salud, discapacidad y jubilaciones. “Es tiempo de que el Parlamento ponga racionalidad, porque el Ejecutivo se ha corrido de todo”, concluyó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba garantizar el acceso efectivo a prestaciones básicas en un contexto de deterioro del sistema. Organizaciones de familiares y personas con discapacidad han realizado manifestaciones frente al Congreso en las últimas semanas, reclamando la vigencia de la norma vetada por el Poder Ejecutivo.
