Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la Justicia de Estados Unidos que el Gobierno argentino informe la ubicación y los movimientos de las reservas de oro. El pedido, presentado ante la jueza Loretta Preska en Nueva York el 21 de enero de 2026, apunta a garantizar el cobro de una sentencia por US$16.100 millones y generó fuerte preocupación en el Banco Central.
Reclamo judicial por las reservas de oro
Los fondos Petersen y Eton Park, demandantes en la causa YPF, pidieron que la jueza del Segundo Circuito de Nueva York obligue al Estado argentino a detallar dónde se encuentran, en qué cuentas están depositadas y cómo se movieron las reservas de oro.
Según el escrito presentado por el estudio Levine Lee LLP, el Gobierno estaría llevando adelante una estrategia para ocultar activos y evitar el cumplimiento del fallo adverso dictado en el Distrito Sur de Nueva York.
Acusaciones de obstrucción y testigo cuestionado
Incumplimiento procesal
Los demandantes denunciaron que Argentina no presentó un testigo idóneo para declarar sobre el patrimonio nacional, pese a una orden judicial previa. Aseguran que el expositor designado estaba “deliberadamente no preparado”, lo que interpretan como una maniobra de obstrucción en el proceso de identificación de bienes embargables.
Para los litigantes, esta conducta equivale directamente a una falta de comparecencia ante el tribunal.
Cifras millonarias y oro en la mira
Datos clave del reclamo
- Monto de la sentencia: US$16.100 millones
- Reservas bajo sospecha: más de US$1.000 millones en oro
- Contexto de mercado: el precio del metal alcanzó valores récord, lo que incrementa el daño económico denunciado
En la presentación, los abogados sostuvieron que la falta de información es “grave y continua”, y que la demora perjudica a los demandantes en un escenario de suba histórica del oro.
Señalamientos al Banco Central y al Ministerio de Economía
El escrito judicial indica que funcionarios de alto rango cuentan con acceso directo a los datos reclamados. En particular, menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señalan como conocedor del traslado de los activos y superior directo del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Según la denuncia, ambos mantienen contacto permanente, incluso a través de grupos de mensajería, lo que refuerza la idea de que la información existe pero no se entrega.
Qué pide ahora la Justicia de EE.UU.
Los demandantes solicitaron que el tribunal ordene a la Argentina presentar de inmediato una declaración jurada detallando:
- Ubicación exacta del oro
- Movimientos realizados
- Cuentas donde se encuentran las reservas
En caso de que el Gobierno alegue no tener acceso a la información del Banco Central, pidieron una audiencia probatoria con testimonio de funcionarios con conocimiento directo, incluido el propio Caputo.
Además, reclamaron que el Estado argentino afronte los honorarios legales por la conducta considerada obstructiva.
Contexto institucional
Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen facultades legales para acceder a información vinculada al transporte y resguardo de las reservas, lo que debilita el argumento de desconocimiento oficial.
Conclusión
El reclamo por la ubicación del oro argentino agrega un nuevo capítulo de tensión al litigio internacional por YPF. Mientras los demandantes avanzan para identificar activos embargables, el Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes cuestionamientos judiciales y políticos por la transparencia en el manejo de las reservas del Banco Central.
