La diputada Marcela Pagano denunció al legislador de Santiago Santurio por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de datos patrimoniales y negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación judicial apunta al acceso de Santurio a un crédito hipotecario UVA de 239 mil dólares otorgado por el Banco Nación en julio de 2025, pese a que sus ingresos declarados rondarían los 4,5 millones de pesos mensuales netos.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, mientras que la investigación fue delegada a la fiscal Alejandra Mangano. Según trascendió, la Justicia ya comenzó a verificar la información contenida en la denuncia.
La presentación judicial sostiene que existen inconsistencias entre el patrimonio declarado por Santurio y la capacidad económica necesaria para acceder al préstamo hipotecario. Pagano pidió además que intervenga ARCA por una posible infracción al Régimen Penal Tributario.
Uno de los puntos centrales de la denuncia se relaciona con las declaraciones juradas del diputado. La legisladora aseguró que Santurio presentó la documentación con demoras de hasta 20 meses respecto de los plazos establecidos por ley. También afirmó que el patrimonio informado ante la Oficina Anticorrupción no reflejaría todos sus bienes ni participaciones económicas.
Según la última declaración jurada presentada, Santurio declaró alrededor de 12 millones de pesos en activos, distribuidos entre efectivo, cuentas bancarias y ahorros en dólares. Sin embargo, Pagano advirtió que el crédito hipotecario representaría una cuota mensual equivalente a más del 48% de los ingresos familiares, muy por encima del límite que habitualmente exige el Banco Nación para aprobar este tipo de financiamiento.
La denuncia también pone el foco sobre la situación económica de la esposa del diputado, María Celina Aguilar Bugeau. El escrito judicial sostiene que no registra actividad formal ante ARCA, aunque desarrollaría actividades vinculadas a la venta de arte religioso y cursos, incluso con posibles operaciones hacia el exterior.
Otro de los ejes de la presentación apunta a la evolución patrimonial del legislador desde su llegada a la Cámara de Diputados en diciembre de 2023. De acuerdo con la denuncia, antes de asumir trabajaba como docente y complementaba sus ingresos como chofer de Uber.
En menos de dos años, Santurio habría pasado de alquilar viviendas en distintos barrios bonaerenses a adquirir una propiedad valuada en casi 300 mil dólares en un barrio cerrado de Villa Ballester. La compra se habría financiado en un 80% mediante el crédito hipotecario y el resto con fondos propios cuya trazabilidad no habría sido acreditada.
Pagano también denunció la supuesta omisión de una estructura societaria vinculada a un condominio inmobiliario creado en 2012. Según el escrito, Santurio habría participado durante años en una administración de bienes inmuebles y rentas locativas que nunca figuró en sus declaraciones juradas públicas.
La legisladora consideró que la situación podría configurar un esquema de ocultamiento patrimonial y pidió investigar posibles maniobras incompatibles con la ética pública. Hasta el momento, Santurio no respondió públicamente a las acusaciones.
El caso suma tensión dentro del oficialismo y vuelve a poner bajo la lupa el acceso a créditos hipotecarios por parte de funcionarios y dirigentes políticos. La investigación judicial buscará determinar si existieron irregularidades en la aprobación del préstamo y si el patrimonio declarado por el diputado coincide con su capacidad económica real.
