Los abogados Federico Farías y Victoria Robledo denunciaron en la justicia penal y ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados a dos letradas, a quienes acusan de desplegar una campaña de difamación y discursos de odio en causas judiciales en trámite.
Las denunciadas son las abogadas María Fernanda Pereyra Jamenson y Estrella Marín. Según la presentación, mediante declaraciones en medios, redes y sitios virtuales, “acusan con nombre y apellido a personas sometidas a procesos judiciales, lo que alimenta el odio e incentiva reacciones extremas e ilegales”.
Condena social anticipada
Farías y Robledo sostienen que las expresiones públicas de Pereyra Jamenson y Marín en el marco de una causa penal “no guardan relación alguna con el hecho denunciado” y que “exponen al denunciado y a su esposa abogada a una condena social anticipada”.
“Están condenando mediáticamente a una persona con estado de inocencia. Lo más alarmante es que este patrón de conducta se repite en múltiples causas, donde la querella parece responder más a intereses personales, económicos y de visibilidad política que a una verdadera búsqueda de justicia”, remarcaron.
Estrategia de difamación
Los denunciantes consideran que esta modalidad evidencia una estrategia deliberada de manipulación mediática, con un uso calculado de palabras de alto impacto emocional, reñido con la buena fe y la legalidad.
“La sociedad merece estar protegida del accionar irresponsable de quienes utilizan el sistema judicial como herramienta de poder personal, sembrando odio, difamando inocentes y promoviendo linchamientos sin juicio. Nadie está a salvo”, afirmaron.
Feminismo como escudo
Farías y Robledo señalaron que la conducta de sus colegas incluye la utilización oportunista del discurso feminista: “La magnitud del ataque, la reiteración del patrón discursivo, la falsedad manifiesta de lo afirmado y el uso de la figura de ‘feminismo’ como escudo para una práctica violenta, estigmatizante y manipuladora —que incluso ataca a otras mujeres profesionales— demuestra que se trata de una estrategia de poder.”
Intimidación al Poder Judicial
Los denunciantes sostienen que la escalada de difamación busca condicionar a jueces y fiscales: “A través del escrache y la desinformación se genera un clima de intimidación que opera como advertencia: quien no actúe conforme a sus exigencias, se arriesga a ser expuesto.”
Amenaza institucional
Concluyen que este tipo de embates, impulsados por grupos radicalizados, configuran una amenaza directa a la justicia como institución y dejan abierta la puerta a que cualquier persona pueda convertirse en víctima de señalamientos públicos sin garantías.
