Este jueves, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron denunciados penalmente por el presunto delito de malversación de fondos públicos. La presentación judicial, impulsada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, cuestiona una operación de compra de divisas realizada a un tipo de cambio considerado irregular. La causa también alcanza al directorio del Banco Central y podría escalar a la Corte Suprema.
El presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fueron denunciados ante la Justicia por presuntamente facilitar la compra de divisas a un valor de $1.097,50 por dólar. Según la denuncia, ya sabían que el Ejecutivo nacional implementaría un sistema de flotación cambiaria con bandas entre $1.000 y $1.400.
La denuncia, presentación por el abogado LeoPiden investigar a los beneficiarios y allanar el BCRA
Medidas solicitadas ante la Justicia
Entre las acciones requeridas en la denuncia figuran:
- Peritajes para identificar a los compradores que accedieron a las divisas.
- Posible allanamiento de las instalaciones del BCRA.
- Intervención directa de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la transparencia del proceso.
El denunciante sostiene que estas operaciones representan un perjuicio para el Estado y que deben esclarecerse con urgencia.nardo Martínez Herrero, apunta a que se favoreció a ciertos compradores con un tipo de cambio más alto, a sabiendas del inminente cambio de política monetaria, lo que podría configurar el delito de malversación de fondos públicos.
En declaraciones recientes, el diputado nacional Germán Martínez (Unión por la Patria) vinculó la situación económica actual con las políticas del Gobierno y cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “La devaluación y las condiciones del FMI están paralizando la economía”, señaló.
Además, Martínez hizo hincapié en el caso Libra, una presunta irregularidad vinculada a criptomonedas, y pidió la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Hay una clara intención del oficialismo de evitar que se investigue”, advirtió
