El expediente administrativo de Gendarmería Nacional sobre la represión del 12 de marzo, que dejó herido al fotógrafo Pablo Grillo, fue cerrado en tiempo récord. La familia, junto con organizaciones de derechos humanos, denuncia encubrimiento y falta de rigor en la investigación.
El 12 de marzo, durante una protesta reprimida por Gendarmería en Buenos Aires, el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido tras el impacto de una granada de gas lanzada por un agente. A pesar de la gravedad del hecho, el sumario interno se cerró en apenas una semana, sin sanciones para el personal involucrado.
Según la querella —integrada por la familia Grillo, el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos—, el proceso fue una formalidad para justificar el accionar de los efectivos y exculpar al Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero, quien aún continúa en funciones.
El Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó abrir el expediente el 17 de marzo, cinco días después de los hechos. Al día siguiente, el sumariante Adrián Barressi ya había concluido el informe, sin entrevistar a testigos civiles ni considerar pruebas independientes.
El informe atribuyó el disparo a un “hecho fortuito” causado por “baja visibilidad” y la supuesta imprudencia de Grillo al ubicarse “en la línea de tiro”. El 19 de marzo se firmó la resolución de cierre.
Nuevas pruebas, pero sin cambios en el resultado
El 25 de abril, tras avances en la causa penal, se reabrió el expediente. Se ordenó tomar nuevas declaraciones, detallar el uso de armamento y sumar partes médicos. Sin embargo, el 29 de abril se emitió un nuevo dictamen que reiteró que no había motivos para aplicar sanciones disciplinarias. Las conclusiones no se modificaron, a pesar de la nueva evidencia incorporada.
Las declaraciones de los jefes y agentes de Gendarmería fueron casi idénticas: se afirmaba que el operativo se desarrolló de forma “profesional” y “ajustada a los protocolos”. Según ellos, el personal actuó con apego a la normativa vigente.
El gendarme Guerrero dijo haber disparado al suelo “sin ver a nadie herido” y que se enteró del hecho por los medios. Su única declaración fue en el ámbito interno de la fuerza, sin preguntas de terceros ni confrontación con otras pruebas. Aún no declaró en sede judicial.
El Comandante Principal Néstor Germán López, jefe del Destacamento Móvil 6, también defendió el operativo y afirmó que los heridos no portaban identificación como prensa, evitando referirse al uso proporcional de la fuerza.
Advertencias de la querella
Señalan encubrimiento y responsabilidades omitidas
Los abogados de la querella denunciaron que el sumario buscó proteger a los involucrados más que esclarecer lo sucedido. Cuestionaron que se culpe a la víctima y se omita el manual del lanzagases, el cual prohíbe disparar a nivel horizontal por el riesgo de heridas graves o muerte.
La repetición de declaraciones, la velocidad del proceso y la desresponsabilización de Guerrero, pese a las pruebas, son parte de las observaciones más graves que llevaron a calificar el cierre del expediente como un intento de “garantizar impunidad”.
