La Convención Radical del sábado en la Casa Radical de la calle 9 de Julio terminó en escándalo. El encuentro tenía el objetivo de resolver si el actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, Juan Álvarez Pinto, puede presentarse como candidato en las próximas elecciones partidarias, pese a cumplir su segundo mandato consecutivo al frente del partido.
La conducción oficialista celebró el resultado con un comunicado titulado «Fuerte respaldo de los radicales a la conducción de Juan Álvarez Pinto». El partido afirmó que la convención «se desarrolló con la presencia de todos los sectores internos». Y aseguró que «la aprobación se dio con mayoría agravada, reflejando la voluntad de los convencionales y un amplio consenso dentro de la estructura partidaria».
El documento también destacó «el crecimiento territorial de la UCR, la ampliación de su representación legislativa y su protagonismo dentro del frente Ahora San Luis». Aadjudica esos logros al actual presidente del partido, quien además ocupa el cargo de ministro de Turismo y Cultura.
Las denuncias
La versión opositora es radicalmente distinta. Sectores vinculados a los dirigentes Walter Ceballos y José Riccardo denunciaron que el encuentro «estuvo plagado de irregularidades».
Desde el espacio PARA San Luis señalaron que «el sistema de acreditación fue alterado discrecionalmente». En particular, cuestionaron acciones que impidieron las acreditaciones en el sistema virtual de convencionales titulares, para incluir convencionales suplentes. Según la denuncia, esa maniobra violó «la legislación y el reglamento vigente, afectando insanablemente la legalidad e integridad institucional del acto partidario».
«Con estas manipulaciones fraudulentas se buscó conformar una mayoría amañada para modificar la Carta Orgánica y habilitar la re-re-elección del titular del Comité Ejecutivo, cuyo mandato concluye este año y es producto de un acuerdo mayoritario que hoy se ha roto», sentenció el espacio opositor.
La denuncia también apunta a una presunta coacción sobre afiliados. «Propuestos inicialmente por nuestros espacios internos para ocupar cargos en la gestión provincial, fueron coaccionados y amenazados por el sentido de su posición política o voto en esta Convención, a lo que se sumó la oferta de contratos y cargos en las áreas del Gobierno Provincial», señalaron.
Qué piden
El espacio opositor exige la nulidad de la convención, la revisión del llamado a elecciones «para ajustarlo a la legalidad». E insta a que «los integrantes de los órganos partidarios reflejen la voluntad de los afiliados sin atajos fraudulentos que desvirtúan la historia y los valores de nuestro partido Radical».
