Una estudiante denunció haber sido grabada en secreto en el departamento que alquilaba en un edificio donde también vivía el propietario. El hecho ocurrió el 26 de noviembre, cuando descubrió una cámara oculta sobre su cama en la vivienda que alquilaba. Su hallazgo derivó en una investigación judicial y en medidas de protección tras la aparición de más dispositivos en otras unidades del mismo complejo.
Un reflejo en la oscuridad reveló todo
Ana, la joven denunciante, relató que el hallazgo se produjo cuando ya estaba acostada y notó un brillo extraño en la ventilación del cuarto. Encendió la linterna del celular y descubrió lo que parecía ser un lente. Tras grabar un video y enviarlo a una amiga, confirmó sus sospechas: había una cámara instalada en su habitación.
A la mañana siguiente, retiraron el dispositivo y hallaron en su interior una tarjeta de memoria con grabaciones recientes, lo que confirmó que había sido filmada sin su consentimiento.
Las inquilinas se organizaron y encontraron nuevos dispositivos
Ana avisó a las demás jóvenes que alquilaban en el mismo edificio mediante un grupo de WhatsApp. Una de ellas regresó al complejo y, al revisar su vivienda, encontró otra cámara oculta y otra tarjeta de memoria. En un tercer departamento, hallaron el cableado y restos de cinta aislante, evidencias de que allí también había sido colocada una cámara.
Las grabaciones provocaron una fuerte crisis emocional entre las víctimas, quienes temen el alcance del material captado y su posible uso.
La investigación avanzó tras la difusión pública del caso
Las tres jóvenes hicieron la denuncia en la Comisaría VII, pero inicialmente no obtuvieron medidas de protección ni acciones inmediatas. Según Ana, la Policía les informó que debían esperar a que la jueza analizara la causa.
Las denunciantes también señalaron que en las tarjetas de memoria había fotos antiguas del dueño del edificio, lo que reforzó sus sospechas sobre su participación.
Al no recibir novedades durante cinco días, decidieron hacer público el caso en medios locales. Tras la repercusión, el hombre desapareció del edificio y la investigación comenzó a tomar impulso.
La víctima necesitó acompañamiento para dejar el lugar
Ana decidió mudarse de manera urgente, pero no quiso ingresar sola al edificio, donde vivía el sospechoso. Pidió apoyo policial, aunque inicialmente se lo negaron por falta de personal. Finalmente, fue acompañada por el padre de una de las jóvenes afectadas.
Tras la viralización del caso, el propietario ya no estaba en el lugar.
La causa quedó en manos de la jueza Gisella Flamini, quien ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado. Más tarde, la Justicia otorgó a Ana una medida perimetral para su protección.
