El ministro de Economía, Federico Sturzenegger, decidió desregular los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras sectoriales, una medida que ha causado una gran conmoción en el mundo empresarial. Este aporte, que las empresas destinaban a financiar actividades de capacitación, estudios sectoriales y obras en diferentes localidades, era visto como un pilar de independencia para las entidades gremiales empresarias.
La decisión, que fue anunciada en una reunión entre Sturzenegger y representantes de las cámaras en noviembre pasado, ha sido interpretada por muchos empresarios como un ataque directo a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y otras entidades de primer, segundo y tercer grado. Estas organizaciones temen que el desfinanciamiento afecte su capacidad de operar y de representar a las empresas.
Reacciones de las cámaras empresarias
El desfinanciamiento de las cámaras empresarias ha generado reacciones encontradas dentro del sector privado. Algunos líderes empresariales han calificado la medida como un golpe a las organizaciones gremiales empresarias, argumentando que el aporte obligatorio era utilizado de forma eficiente en áreas como la capacitación de empleados y la resolución de problemas de infraestructura en las ciudades.
Una fuente cercana a una de las principales entidades empresarias del país, quien pidió mantenerse en el anonimato, declaró que la medida busca debilitar el poder del «círculo rojo» que ha sido históricamente una fuerza influyente en el ámbito político y económico. Sin embargo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) defendió el uso de estos fondos, aclarando que son gestionados de forma transparente y que no afectan el salario de los trabajadores.
El rubro de Comercio es el que se verá más afectado por esta medida, aunque existen discrepancias sobre las cifras oficiales. Según el Ministerio de Trabajo, alrededor de 1,2 millones de trabajadores están vinculados a este sector, pero las cámaras empresarias estiman que el número real es mucho menor, con 700,000 empleados incluidos en el cobro del aporte obligatorio.
El cálculo realizado por el Gobierno para el aporte patronal se basa en un salario mínimo de aproximadamente $950,000, lo que significa una contribución de $4,750 por cada trabajador. Sin embargo, los empresarios aseguran que este monto no generará cambios significativos en los precios de los productos ni en los ingresos de los trabajadores.
La controversia sobre el desfinanciamiento
El desfinanciamiento de las cámaras también ha generado tensiones con el Gobierno de Javier Milei. Algunas fuentes dentro del sector privado sugieren que la medida podría ser una forma de debilitar las organizaciones empresariales, las cuales han tenido un papel clave en las políticas económicas del país. Este debilitamiento sería parte de una estrategia más amplia para reducir la influencia del «círculo rojo» y promover una visión más alineada con la agenda del presidente.
A pesar de la controversia, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) defendió la labor del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), asegurando que los recursos que recibe provienen exclusivamente de los empresarios y no de los trabajadores. Además, destacó que este instituto ha capacitado a más de 8 millones de personas a lo largo del país.
