Este mediodía, autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad brindaron detalles sobre la operación internacional “Aliados por la Infancia V”, realizada en la ciudad de San Luis. La acción forma parte de una red internacional integrada por 15 países, destinada a combatir el tráfico y la difusión de material de abuso sexual infantil.
En este contexto, durante la madrugada del martes se realizaron allanamientos en distintos barrios de la ciudad de San Luis, que resultaron en el secuestro de dispositivos electrónicos con material ilegal. El Procurador General de la provincia, Sebastián Cadelago Filippi, informó que se ejecutaron 50 allanamientos en todo el país. En San Luis, hubo cuatro detenciones —tres en la provincia y una fuera de ella— además del secuestro del material.
El operativo contó con la participación de fuerzas especializadas, entre ellas la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), personal de la Dirección General de Investigaciones y expertos en delitos informáticos. También estuvieron presentes en la conferencia la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la fiscal Antonella Córdoba; y representantes de las fuerzas de seguridad y del Departamento de Investigación de Delitos Complejos.
La fiscal Córdoba explicó que las investigaciones se originan en la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos en Buenos Aires, liderada por Daniela Dupuy, que monitorea el tráfico de contenido ilegal en línea. Una vez detectada la ubicación de los usuarios involucrados, se deriva el caso a las jurisdicciones correspondientes, como ocurrió con los domicilios allanados en barrios de San Luis.
Por su parte, el ingeniero David Fuentes, del MPF, señaló que organismos y empresas internacionales colaboran en la detección de estos delitos. Durante los allanamientos, se realizaron inspecciones rápidas en los dispositivos electrónicos, que resultaron positivos, lo que permitió avanzar con las detenciones.
La operación “Aliados por la Infancia V” involucró la coordinación de fuerzas de seguridad y organismos judiciales de 15 países, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Argentina, entre otros. En el país, los procedimientos se llevaron a cabo en 12 provincias, reafirmando el compromiso regional en la lucha contra la explotación sexual infantil.
El operativo también contó con el apoyo de organizaciones como AI For Safer Children y el International Centre for Missing & Exploited Children, que aportaron inteligencia artificial y tecnología avanzada para identificar redes y actividades ilegales en entornos digitales.
