El docente Antonio Mangione, coordinador del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), cuestionó el accionar de la Municipalidad y advirtió que “las medidas correctivas siempre llegan tarde; cuando aparece la multa, el desmonte ya está consumado”.
La denuncia de los vecinos
Vecinos del barrio 125 Viviendas de la Ciudad de La Punta denunciaron el avance de maquinaria vial sobre un sector de monte nativo. Según relataron, la intervención fue ordenada por la Municipalidad bajo el argumento de mejorar la seguridad y evitar que personas se escondieran entre la vegetación.
Desde el PITSA confirmaron que recibieron el reclamo a través de videos y mensajes en redes sociales. “Cuando llegamos al lugar ya no había restos visibles, pero los vecinos nos aportaron documentación que muestra cómo cargaban los árboles derribados en camiones”, explicó Mangione.
Críticas al argumento de la “seguridad”
El coordinador del PITSA cuestionó la justificación oficial. “Supongamos que fuera cierto que los delincuentes se esconden en los yuyos. Entonces también deberíamos cortar todos los árboles frente a las casas, derribar las paredes y dejar todo vidriado por las dudas. Es un razonamiento sin fin”, ironizó.
El trasfondo: urbanización y negocios inmobiliarios
Mangione advirtió que detrás de muchos desmontes en la provincia hay intereses de desarrollo inmobiliario: “San Luis atraviesa una situación crítica en materia de transformación del suelo. Catastro es un caos, hay superposición de títulos y el negocio inmobiliario está haciendo estragos”.
En este sentido, reclamó una planificación territorial integral, más allá de las zonificaciones municipales: “Necesitamos un plan que atraviese todas las dimensiones: cómo se produce, dónde se edifica, cómo se transporta y cómo se gestiona el territorio”.
“Las multas no reparan el daño”
El docente explicó que tanto privados como sectores públicos recurren al mismo mecanismo: desmontar y luego pagar una multa.
“La ley exige autorización previa, pero muchas veces no se otorga porque la zona está protegida. Entonces avanzan igual y, al final, pagan la multa. El problema es que el bosque ya fue arrasado. Un quebracho de 50 o 100 años no se recupera con sanciones administrativas”, detalló.
Propuesta de control y regulación
Mangione planteó que se necesita una legislación que regule estrictamente el uso de maquinaria pesada en desmontes.
“Nadie debería poder alquilar una topadora o una retroexcavadora sin presentar la autorización correspondiente. Como ocurre en otras actividades reguladas, es necesario que los operadores estén certificados y que exista un control previo antes de cualquier movimiento de suelo”, dijo.
Próximos pasos
El PITSA evalúa junto a vecinos y organizaciones socioambientales interponer un recurso de no innovar para frenar la continuidad del desmonte. “Lo importante ahora es evitar que se siga avanzando. Ya no importa si fueron media hectárea o cuatro quebrachos: el daño ya está hecho y es irreversible”, concluyó.
