El juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, ordenó este martes la prisión preventiva por 120 días para Carlos Barroso, de 31 años, único detenido por el homicidio de Javier Moyano, ocurrido el pasado 13 de febrero en el barrio 1° de Mayo. El imputado fue trasladado al Servicio Penitenciario de San Luis mientras avanza la investigación.
La medida fue adoptada tras la reanudación de la audiencia de formulación de cargos, luego de una prórroga de ocho días solicitada por la defensa, ejercida por Guillermo y Belén Levingston. A pedido de la Fiscalía N° 3, el magistrado imputó a Barroso por “homicidio doblemente calificado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma de fuego”.
Según expuso el fiscal Esteban Roche, el hecho ocurrió el viernes 13 de febrero, entre las 19:50 y las 20:00, cuando la víctima circulaba en motocicleta por la avenida V Centenario, en sentido oeste-este. Al llegar a la altura de la manzana L, habría sido interceptada por un automóvil gris oscuro en el que se desplazaba el acusado junto a otras personas. Desde el interior del vehículo se habrían efectuado varios disparos que impactaron en el motociclista.
Tras el ataque, los ocupantes del rodado huyeron del lugar. Moyano cayó sobre el asfalto y falleció minutos después a causa de un shock hipovolémico provocado por heridas de arma de fuego que perforaron ambos pulmones.
La defensa negó la participación de Barroso en el hecho y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas. El abogado Guillermo Levingston sostuvo que no existen evidencias que acrediten la autoría y señaló inconsistencias en la declaración de un testigo clave, quien habría brindado dos versiones distintas respecto a la cantidad de disparos.
Asimismo, planteó deficiencias en la redacción de las actas policiales y remarcó que en los videos incorporados a la causa no se logra identificar a ninguna persona. También indicó que no se secuestró ningún arma vinculada a su defendido ni se le practicó prueba de parafina. Según afirmó, presentó testimonios que ubican al imputado fuera de la escena del crimen y aseguró que al momento del hecho Barroso se encontraba en su domicilio.
El propio imputado declaró que dormía en su casa cuando ocurrió el homicidio y que luego salió a un comercio cercano sin conocer lo sucedido. Admitió que conocía a la víctima, pero aseguró que no supo en ese momento que había fallecido.
Durante la audiencia estuvo presente Laura Suárez, esposa de la víctima, acompañada por sus abogados Marco Puertas Castillo y Martín Loayza Fernández. La mujer manifestó que vive con miedo y que la familia del imputado transita a diario frente a su domicilio. La querella sostuvo que el acusado representa un riesgo procesal por sus antecedentes y por denuncias previas en su contra.
Al fundamentar la resolución, el juez Flores Leyes consideró que, si bien la defensa aportó nuevo material probatorio, en esta etapa preliminar los elementos presentados por la Fiscalía resultan suficientes para sostener la imputación. Justificó la prisión preventiva en la gravedad del hecho, la necesidad de identificar a otros posibles involucrados y la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Además, el magistrado solicitó que se informe a la División Homicidios sobre la necesidad de mejorar la legibilidad en la redacción de actas policiales, tras los planteos realizados durante la audiencia.
