La Cámara de Diputados abrirá este martes 23 de septiembre, al mediodía, un plenario clave de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El objetivo es analizar la media sanción del Senado que busca restringir la facultad del presidente Javier Milei de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU).
El oficialismo y la oposición llegan al debate en un clima de fuerte tensión. La intención de los bloques opositores es avanzar hacia una sesión especial prevista para el 1 de octubre, donde además se discutirán cambios en el Impuesto a los Combustibles, el veto sobre los ATN y la derogación de decretos relacionados con identidad de género y la Policía Federal.
Contexto: qué son los DNU y por qué generan controversia
Los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994. Su objetivo original era permitir que los gobiernos actuaran de manera excepcional en situaciones críticas que no podían esperar los tiempos del Congreso.
Sin embargo, en la práctica, revocar un DNU ha sido históricamente muy difícil. La normativa vigente exige que ambas Cámaras lo rechacen para que quede anulado, algo que pocas veces ocurrió. Entre los casos excepcionales figuran decretos sobre los fondos reservados de la ex SIDE, la eliminación de Vialidad, la reorganización del INTA y el INTI, y la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La iniciativa opositora: principales cambios propuestos
La reforma que impulsa la oposición plantea modificaciones profundas:
- Rechazo en una sola Cámara: ya no será necesario que ambas se pronuncien en contra; bastará con una sola.
- Plazo máximo de 90 días: cada decreto deberá obtener convalidación parlamentaria en ese período desde su publicación.
- Comunicación rápida entre Cámaras: se establece un límite de 48 horas hábiles para informar las decisiones.
- Restricción temática: si un DNU o norma delegada es rechazado, el Ejecutivo no podrá insistir sobre el mismo asunto durante ese año legislativo.
De aprobarse, este esquema revertiría la ley sancionada en 2006 bajo el impulso de Cristina Kirchner, que fortaleció la validez de los decretos presidenciales y complicó a la oposición en su intento de frenarlos.
El Gobierno sigue con atención la movida parlamentaria, dado que los DNU se convirtieron en una herramienta frecuente para avanzar en medidas sin depender de acuerdos con otros bloques o gobernadores.
Para la oposición, en cambio, el proyecto busca restablecer el rol central del Congreso en la toma de decisiones y reducir la discrecionalidad presidencial. El debate promete convertirse en un nuevo foco de confrontación política en las próximas semanas.
