María Silvia Rapisarda, abogada previsionalista, sostuvo que la medida se ajusta a la Constitución Nacional y remarcó que el aumento corresponde a una deuda inflacionaria de enero. También advirtió que “si el piso de la jubilación sigue bajo, no se va a poder recuperar el poder adquisitivo”.
El Congreso cumplió con la Constitución
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que otorga un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y actualiza el bono previsional, que llevaba más de un año congelado. La nueva cifra del bono será de $110.000.
Rapisarda indicó que la media sanción representa una acción coherente con lo que establece la Constitución Nacional: “El Congreso cumplió con la Constitución. Este 7% es el aumento que no se otorgó en enero, cuando la inflación fue del 20% y solo se aplicó un 12,5%”.
Los más vulnerables, desprotegidos
La letrada explicó que este tipo de medidas están en línea con el bloque constitucional y los tratados internacionales que protegen a los sectores más vulnerables.
“Los derechos de los jubilados, las personas con discapacidad y los niños tienen protección especial en la Constitución y en tratados con jerarquía constitucional”, dijo.
No obstante, advirtió que la baja en el haber mínimo impide cualquier recuperación real del poder adquisitivo. “Si el piso de la jubilación está bajo, los aumentos no alcanzan. Hoy, una jubilación mínima más bono cubre solo un tercio de la canasta básica, que está en $883.000”, detalló.
Reformas en tensión
La abogada también se refirió al posible veto presidencial: “El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la medida, porque impulsa su propio proyecto de reforma jubilatoria exigido por el FMI”.
Ese proyecto implicaría una vuelta a un sistema de capitalización privado, similar al de las AFJP, y la eliminación de las moratorias: “Su propuesta es muy distinta. Se opone a las moratorias y pretende derogar los regímenes especiales”.
El bono, sin actualización y sin aguinaldo
Rapisarda remarcó que, aunque el bono representa un alivio, no se actualiza por inflación ni se tiene en cuenta para el aguinaldo: “El Estado lo otorga porque reconoce que el haber mínimo no alcanza, pero al no actualizarlo ni incluirlo en el aguinaldo, se genera un desfasaje que perjudica a los beneficiarios”.
También indicó que no todos los jubilados acceden al bono: “Hay quienes cobran el haber mínimo y no reciben el bono por tener otra prestación. No es automático ni universal”.
Judicialización por medicamentos
La abogada también denunció recortes en la cobertura de medicamentos ya que «aumentaron un 394,2%. El PAMI cambió los criterios de acceso y redujo la lista de fármacos cubiertos al 100%».
“El Estado debería garantizar derechos sin que haya que reclamar”
Rapisarda conclutó que el ajuste fiscal se descarga sobre los jubilados: “No debería hacer falta judicializar para acceder a derechos. El artículo 75 inciso 19 obliga al Estado a tomar medidas positivas en favor de los sectores vulnerables”.
Y añadió que “la seguridad social representa más del 50% del presupuesto nacional. El recorte pasa por ahí. Hoy, claramente, lo están pagando los jubilados”.
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