El receso legislativo de verano no detuvo el conflicto político por la reforma del sistema de inteligencia. Tras la promulgación del DNU 941/2025, que redefine la estructura y las funciones del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), dos de los tres principales bloques de la Cámara de Diputados reclamaron la inmediata conformación de comisiones para tratar el decreto en el Congreso.
El objetivo central del pedido es que cualquier cambio en el sistema de inteligencia se discuta y apruebe por ley, y no a través de un decreto del Poder Ejecutivo.
El reclamo opositor y la pulseada política
La iniciativa partió del bloque Provincias Unidas, integrado por 18 diputados, que formalizó el pedido para activar las comisiones bicamerales encargadas de analizar decretos de necesidad y urgencia. Horas después, se sumó un escrito firmado por Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.
Ambos espacios ya habían coincidido en la derogación del DNU 656/2024, que otorgaba un presupuesto extraordinario a la SIDE, y ahora vuelven a confluir en su postura crítica frente al oficialismo.
En el documento, dirigido a Victoria Villarruel y Martín Menem, presidentes del Senado y de Diputados, los legisladores exigieron la “urgente regularización y conformación” de dos ámbitos clave:
- la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, y
- la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Esta última puede funcionar fuera del período de sesiones ordinarias y dispone de diez días hábiles para expedirse una vez que un DNU ingresa formalmente al Congreso.
Comisiones paralizadas y escaso control
Durante 2025, la Bicameral de Trámite Legislativo apenas celebró dos reuniones, más allá del encuentro en el que se designó como presidente al diputado Oscar Zago (MID). El último debate se realizó en junio.
La Bicameral de Fiscalización de Inteligencia, que presidió Martín Lousteau (UCR) durante dos años, mantiene en reserva su agenda y el contenido de sus encuentros. Su última reunión habría ocurrido en septiembre de 2025, cuando objetó un presunto plan de espionaje a dirigentes opositores.
Qué cambia el DNU 941/2025 en la SIDE
El decreto introduce una reconfiguración profunda del sistema de inteligencia nacional. Uno de sus ejes es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito permanente que reunirá a:
- organismos del Sistema de Inteligencia Nacional,
- áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas,
- fuerzas policiales y de seguridad federales,
- y otros organismos estatales con funciones afines.
Este espacio quedará bajo la conducción directa de la SIDE, con el objetivo de centralizar la producción de inteligencia estratégica.
El DNU también crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que aportarán información relevante para el análisis estratégico, aunque sin producir inteligencia en sentido estricto.
Otro cambio central es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El decreto establece el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su función será la protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos.
En el plano militar, el DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y transfiere sus funciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el argumento de eliminar superposiciones y mejorar la eficiencia.
Además, habilita a los organismos de inteligencia a requerir apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, bajo autorización del titular de la SIDE, y refuerza el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia.
Más poder para la SIDE
La reforma consolida a la SIDE como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para:
- aprobar presupuestos,
- controlar gastos de inteligencia, incluidos los gastos reservados,
- y centralizar la designación y remoción de autoridades de los organismos desconcentrados.
El debate ahora queda en manos del Congreso, que deberá decidir si avala el decreto o fuerza una discusión legislativa de fondo sobre el alcance del poder de los servicios de inteligencia.
