El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes en San Diego cargos por narcoterrorismo contra dos líderes del Cártel de Sinaloa. Es la primera vez que el país califica formalmente al narcotráfico como una forma de terrorismo, lo que marca un cambio legal inédito en la lucha contra los cárteles mexicanos.
El gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes al presentar cargos de narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega (62 años), alias Sagitario, y su hijo Pedro Inzunza Coronel (33), apodado El Pichón, ambos presuntos cabecillas del Cártel de Sinaloa.
La acusación fue formalizada en un tribunal federal del distrito sur de California. El fiscal federal Adam Gordon subrayó que se trata de la primera imputación bajo esta figura legal, tras años de investigación vinculada al tráfico masivo de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo.
Los cargos se fundamentan en una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, quien en febrero declaró a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). Este nuevo marco legal permite aplicar penas más severas y ampliar el alcance judicial.
A partir de esta designación, el fiscal Gordon creó una Unidad de Narcoterrorismo dedicada a investigar organizaciones criminales transnacionales como si fueran grupos terroristas. Según sus declaraciones, los acusados serán perseguidos con la misma intensidad que cualquier amenaza de seguridad nacional.
El 3 de diciembre de 2024, fuerzas de seguridad mexicanas realizaron allanamientos simultáneos en varias propiedades de los Inzunza en el estado de Sinaloa. Allí confiscaron más de 1.500 kilos de fentanilo, en lo que se considera la mayor incautación de esta droga sintética a nivel mundial.
El operativo forma parte de una colaboración binacional y también derivó en acusaciones contra otros implicados: David Alejandro Heredia Velázquez (50), Daniel Eduardo Bojórquez (47), Javier Alonso Vázquez Sánchez (31), Óscar René González Menéndez (45) y Elías Alberto Quirós Benavides (53)
Los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas a gran escala implican posibles sentencias de prisión perpetua para los acusados. Además, podrían recibir millonarias multas por la importación ilegal de sustancias prohibidas y por formar parte de una estructura criminal considerada terrorista.
La fiscal estadounidense Pam Bondi fue enfática: “Se acabaron los días en los que los líderes del Cártel de Sinaloa aterrorizaban a la población sin consecuencias. Buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”.
