La Fiscalía de Estado respondió a la denuncia contra la gestión actual por la desaparición de 17 mil toneladas de maíz con una presentación judicial contra exfuncionarios de Alberto Rodríguez Saá. La causa involucra el manejo del campo El Caburé, ubicado en el departamento Dupuy, entre Batavia y Buena Esperanza, y apunta a los exministros de Producción Sergio Freixes (2017–2019) y Juan Lavandeira (2019–2023).
La presentación judicial señala a los exfuncionarios, quienes —según el informe oficial— “tuvieron a su disposición el campo explotado por El Caburé S.A.”. Del estudio de los antecedentes administrativos, podría haberse configurado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado y/o algún otro delito que surja de la investigación. La responsabilidad se extiende también a jefes de programa con intervención directa.
Sin registros
El fiscal adjutor Rafael Berruezo presentó la ampliación en el marco de la causa por hurto calificado, abuso de autoridad y peculado. “No hay constancia de lo que ocurrió con las cosechas y los animales entre 2017, cuando se rescindió el contrato con la empresa, y 2023, cuando terminó el mandato de Rodríguez Saá”, señala el informe de la Agencia de Noticias.
La denuncia original contra la gestión actual se basa en la desaparición de 17 mil toneladas de maíz cosechadas en ese campo, que fue expropiado por el Ejecutivo en 2024 cuando ya estaba sembrado. Productores estiman que la cosecha está valuada en dos millones de dólares, pero no hay registros del destino del maíz ni del dinero.
La gestión de El Caburé
El contrato con El Caburé S.A. fue rescindido por decreto en diciembre de 2017. El artículo segundo del Decreto Nº8143-MMACyP-2017 ordenaba tomar posesión del inmueble con intervención de Escribanía de Gobierno. Sin embargo, la administración de Rodríguez Saá demoró cinco años en rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa, recién formalizado en diciembre de 2022.
“Del estudio de las actuaciones administrativas, surge palmario el descuido, desprecio por el patrimonio provincial por parte de los denunciados”, argumenta Berruezo.
Sin documentación
La Fiscalía plantea: “¿Quién explotó el campo? ¿Qué pasó con las cosechas y los animales? ¿Se encuentran registrados los movimientos realizados en el campo?”
En el Ministerio de Desarrollo Productivo no se encontró ninguna documentación sobre el manejo del predio. “No se ha contabilizado movimiento ni ningún beneficio para el patrimonio de la provincia. La desidia y/o la explotación en interés propio, dolosa de los ministros denunciados, ha causado un gran perjuicio al erario público”, concluye el escrito.
Los delitos enumerados incluyen peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes de funcionario público.
