La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, convocó a prestar declaración indagatoria a tres exfuncionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. La audiencia será en el marco de la causa que investiga el supuesto anticipo de fondos para refaccionar dependencias policiales que nunca se concretaron.
Los acusados son los exintendentes de Cortaderas, Mario Canali, y de San Francisco del Monte de Oro, Jeremías Vivas; los exministros de Seguridad, Luciano Anastasi y Claudio Latini; y el actual intendente de La Toma, en uso de licencia, y diputado nacional.
La denuncia y los cargos contra los exfuncionarios
La denuncia fue presentada en marzo de 2024 por la actual ministra de Seguridad provincial en la gestión de Claudio Poggi, Nancy Sosa.
Según la funcionaria, al asumir el cargo encontró contratos destinados a reacondicionar destacamentos y sectores policiales. Para la realización de las obras, los intendentes recibieron anticipos superiores al 30% del presupuesto. Sin embargo, los trabajos no se concretaron.
Los exfuncionarios serán imputados por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Inspecciones y falta de rendición
“Debían procurar construir las obras y no lo hicieron. Se hicieron inspecciones judiciales y se constató en La Toma, Cortaderas y San Francisco que no se hizo nada. Efectivamente, el dinero salió del Ejecutivo, no se rindió cuentas y no se hizo nada”, sostuvo el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.
