Este martes 24 de junio, el Gobierno nacional puso en marcha el Consejo de Mayo, órgano encargado de avanzar en reformas estructurales acordadas entre Javier Milei y los gobernadores. El encuentro se realizó en la Casa Rosada y marca el inicio del diálogo multisectorial para transformar proyectos en leyes.
A casi un año de su creación por decreto, el Consejo de Mayo tuvo este martes su primera reunión formal en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. Presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el organismo busca convertir en iniciativas legislativas los compromisos firmados por el presidente Javier Milei y la mayoría de los gobernadores en el Pacto de Mayo, rubricado el 9 de julio de 2024.
El Consejo tendrá como eje temas centrales para el oficialismo como el equilibrio fiscal, una reforma laboral, la modernización del sistema tributario y la rediscusión de la coparticipación federal.
Representantes del oficialismo, provincias, sindicatos, Congreso y empresarios
El Consejo está compuesto por miembros clave de distintos sectores:
Principios rectores y reformas que guían el trabajo del Consejo
El acuerdo original firmado en Tucumán estableció 10 ejes sobre los que se debe trabajar. Entre ellos:
- Defensa de la propiedad privada.
- Equilibrio fiscal sostenido.
- Reducción del gasto público al 25% del PBI.
- Reforma tributaria que simplifique el sistema y promueva el comercio.
- Educación moderna y sin abandono escolar.
- Reforma laboral para promover el empleo formal.
- Reforma previsional sostenible.
- Explotación de recursos naturales.
- Rediscusión del esquema de coparticipación federal.
- Apertura al comercio internacional.
Un diálogo que arranca en medio de diferencias
El Consejo arranca su actividad en un contexto de tirantez entre el Ejecutivo y los gobernadores. Varios mandatarios provinciales consensuaron un proyecto para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los ingresos del impuesto a los combustibles, sin consultar previamente al Gobierno.
Además, la paralización de la obra pública y la baja en la recaudación generan presión por mayores transferencias a las provincias, lo que podría dificultar los consensos.
