El juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, afirmó que los operativos para ordenar el espacio público en el centro se respaldan en una ordenanza vigente desde 2002. La norma define qué actividades ambulantes están permitidas y limita la instalación fija de puestos sin autorización.
Ferrari señaló que la Justicia de Faltas aplica la jurisprudencia existente y remarcó que “ambular implica desplazamiento”, por lo que no habilita puntos de venta fijos en la vía pública.
La ordenanza y el alcance del control
El magistrado explicó que el Concejo Deliberante dicta las normas y el Ejecutivo ejerce el poder de policía. El Juzgado de Faltas acompaña esos procedimientos y ordena medidas cuando las actuaciones se traban o resultan insuficientes.
Y recordó que la ordenanza 2907/2002 autoriza solo dos o tres actividades ambulantes y prohíbe la instalación de puestos sin permiso. También indicó que la presencia de vendedores en la puerta de comercios que venden productos similares genera una violación de las reglas de convivencia.
Operativos en la galería Chacabuco
Ferrari detalló que la intervención comenzó la semana pasada en la Galería Chacabuco, donde se detectaron unos 35 locales cerrados o utilizados como depósitos. Según el juez, parte de esa mercadería coincidía con la que se ofrece en el centro de la ciudad.
Inspectores municipales intimaron a los ocupantes y otorgaron plazos para retirar productos y permitir un relevamiento. El resultado fue nulo y la Justicia de Faltas ordenó el auxilio de la fuerza pública para recuperar los espacios y registrar a quienes se encontraban allí.
El procedimiento del lunes
El juez relató otro operativo realizado esta semana. Inspectores intimaron a una persona que vendía productos cerca de un puesto municipal. La persona se negó a identificarse, a retirarse del lugar y a entregar la mercadería.
El Juzgado dispuso el decomiso preventivo de los productos y la continuidad del procedimiento. Ferrari sostuvo que la ordenanza obliga a cumplir esas medidas y que la resistencia complica el control del espacio público.
Destino de la mercadería decomisada
El juez explicó que los productos sin utilidad se destruyen. Otra parte se dona a entidades con fines sociales, de acuerdo con la jurisprudencia del propio juzgado. Aclaró que la mercadería “no se devuelve a los manteros”, porque la normativa lo impide.
Preocupación por situaciones de tensión
Ferrari reconoció que los conflictos se agudizan en determinadas épocas del año. Mencionó la aparición de otros temas sensibles, como la venta de pirotecnia, también prohibida por ordenanza.
Dijo que existen denuncias de comerciantes afectados y que el Juzgado libera oficios mensuales a la Policía de la Provincia y a la Municipalidad para reforzar controles. Aseguró que esa coordinación permitió ordenar distintos sectores de la ciudad.
“La ordenanza se debe cumplir”
El magistrado recalcó que la responsabilidad principal recae en el Ejecutivo municipal. Aun así, defendió el rol del Juzgado de Faltas como órgano de control y recordó que la prohibición de puestos fijos rige desde 2002.
“No se puede instalar un puesto en la puerta de un banco o un comercio. La ordenanza es precisa. Ambular es andar, no ocupar un punto fijo”, concluyó.
