La justicia de El Salvador condenó a 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman varios siglos de prisión, en el marco de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele. Las sentencias se dictaron por homicidios, desapariciones y otros delitos graves, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.
Fallos judiciales con penas récord
La Fiscalía General de la República informó que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por su responsabilidad en 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros delitos vinculados al crimen organizado. Entre las sentencias, una se destacó por su magnitud: más de 1300 años de prisión para uno de los acusados.
Según reportes oficiales y de agencias internacionales, otros diez condenados recibieron penas que van desde 463 hasta 958 años de cárcel, reflejando la gravedad de los delitos juzgados.
Quién es el pandillero condenado a más de 1300 años
El perfil del principal condenado
El integrante de la MS-13 que recibió la pena más alta es Marvin Abel Hernández Palacios, conocido como “Nocturno de Teclas”, en referencia a la ciudad de Santa Tecla. Fue hallado culpable de más de 20 homicidios agravados, además de extorsión agravada.
Entre los casos que se le atribuyen figuran asesinatos de alto impacto social, incluidos crímenes contra jóvenes y una futbolista de un club profesional femenino, lo que agravó la pena impuesta por el tribunal.
Delitos juzgados y alcance de las sentencias
Homicidios, desapariciones y crimen organizado
Además del caso principal, los tribunales declararon culpables a otros miembros de la pandilla por delitos como:
- Homicidio agravado y feminicidio agravado
- Desaparición de personas
- Tráfico ilícito de drogas
- Conspiración y proposición para cometer homicidios
- Tenencia y portación ilegal de armas de fuego
- Asociaciones ilícitas y ocupación ilegal de inmuebles
Otro de los condenados relevantes es Kelvin Edgardo Germán Rivas, alias “Sapa”, sentenciado a 873 años de prisión por su participación en 14 homicidios y 12 desapariciones.
Desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele aplica un régimen de excepción que habilita arrestos sin orden judicial para combatir a las pandillas. En ese período, más de 90.000 personas fueron detenidas, aunque unas 8000 fueron liberadas posteriormente al comprobarse su inocencia, según datos oficiales.
La estrategia logró una drástica reducción de los homicidios, llevando a El Salvador a registrar niveles históricos de baja violencia, tras décadas marcadas por el control del crimen organizado.
