Este martes, la Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley un proyecto impulsado por el Gobierno provincial que prorroga por dos años la Ley de Emergencia Económica y formaliza la creación de un fondo de resguardo destinado a garantizar el pago de salarios y beneficios sociales ante posibles contingencias financieras.
La iniciativa responde a la caída sostenida de los ingresos que la provincia recibe por parte del Gobierno nacional, especialmente a través de la coparticipación federal y transferencias automáticas. Estos recursos representan más del 75% de los fondos mensuales del Estado puntano y, según estimaciones oficiales, en 2025 alcanzarán su nivel más bajo en la última década.
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de una Reserva Salarial y Social, equivalente a dos meses de salarios para los empleados públicos y dos liquidaciones de planes sociales. Esta herramienta, que había sido implementada previamente por decreto, ahora adquiere rango legal.
Su objetivo es garantizar el funcionamiento del Estado ante eventuales situaciones de iliquidez, sin afectar los servicios esenciales ni los compromisos con trabajadores y beneficiarios sociales.
La nueva normativa también mantiene congelada la planta de personal estatal y el acceso al Plan de Inclusión Social, tomando como referencia la situación vigente al 30 de noviembre de 2023. Estas restricciones forman parte de la política del gobernador Claudio Poggi, orientada a controlar el gasto público y garantizar un uso eficiente de los recursos provinciales.
