Este lunes, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Luciana Banó, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5, representada por la fiscal Débora Roy Gitto, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que se acusa al médico cirujano Samir Nofal por el delito de lesiones culposas agravadas por mala praxis, en perjuicio de una paciente.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada tras una cirugía estética de implante mamario realizada el 1 de diciembre de 2020. Según la acusación, la paciente sufrió graves complicaciones de salud como consecuencia de una supuesta impericia profesional.
La fiscalía requirió una pena de dos años de prisión y tres años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Si bien el imputado no tiene antecedentes penales, la fiscal consideró como agravante la magnitud del daño físico y psicológico causado a la víctima.
Pericia médica y pruebas presentadas
Durante la audiencia, Gitto destacó la importancia del informe elaborado por la médica forense del Poder Judicial, que constituye una de las principales pruebas del caso.
El documento concluyó que la paciente presentó una infección grave tras la cirugía, que derivó en la pérdida de la glándula mamaria derecha, el pezón y el volumen del seno afectado, además de la imposibilidad de amamantar.
El estudio también indicó que la necrosis del tejido fue consecuencia de un proceso infeccioso vinculado al rechazo del implante, lo que obligó a su extracción. Estas lesiones fueron calificadas como daños irreversibles, con secuelas físicas y psicológicas permanentes.
La fiscal ofreció, además, los testimonios de dos médicas —una cirujana y una infectóloga— que atendieron a la paciente tras la operación. Entre las demás evidencias se incluyen comprobantes de pago, estudios prequirúrgicos, mensajes entre el médico y la paciente, certificados médicos y fotografías de las lesiones.
La defensa pidió el sobreseimiento
El abogado defensor Juan Manuel Mercau solicitó el sobreseimiento de su representado, argumentando que el cuadro clínico se debió a un rechazo biológico del implante y no a una negligencia profesional.
Afirmó además que la paciente no habría cumplido con las indicaciones médicas posoperatorias.
De manera subsidiaria, la defensa propuso una reparación económica de siete cuotas de dos millones de pesos y una suspensión de juicio a prueba, que incluya el pago de dos cuotas adicionales, un año de tareas comunitarias y un año de inhabilitación profesional. También pidió la conformación de una junta médica.
Oposición de la Fiscalía y la querella
La fiscal Gitto rechazó tanto el pedido de sobreseimiento como las salidas alternativas. Explicó que la víctima fue consultada y rechazó la compensación económica, al considerarla insuficiente frente al costo de las cirugías reconstructivas necesarias.
Por su parte, el abogado querellante Carlos Pereyra Malatini coincidió en que la prueba reunida es suficiente para avanzar a juicio y aseguró que la extracción del implante se habría realizado sin anestesia ni condiciones de higiene adecuadas.
Resolución judicial
Tras un cuarto intermedio, la jueza Luciana Banó resolvió incorporar nuevas medidas de prueba antes de decidir la elevación a juicio. Ordenó la realización de una junta médica, una evaluación psicológica y psiquiátrica de la víctima, y la solicitud de informes a la Municipalidad de San Luis y al Ministerio de Salud provincial, para determinar si el consultorio donde se extrajo el implante contaba con las habilitaciones correspondientes.
