La Justicia ordenó el embargo preventivo del departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en el marco de la segunda etapa de ejecución patrimonial del expediente y abre un nuevo escenario sobre el lugar en el que la expresidenta podría continuar cumpliendo su condena.
El embargo sobre San José 1111
El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió disponer medidas cautelares sobre distintos bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad. Entre ellos quedó incluido el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner permanece bajo arresto domiciliario desde junio de 2025.
La decisión busca preservar los bienes frente a una eventual ejecución patrimonial. El embargo, por sí mismo, no significa que el inmueble vaya a ser subastado de manera inmediata ni que Cristina Kirchner pierda automáticamente la propiedad.
Sin embargo, la inclusión de la vivienda genera una situación particular porque el domicilio embargado es, al mismo tiempo, el lugar establecido judicialmente para cumplir la prisión domiciliaria.
Por qué la Justicia avanzó sobre la propiedad
La medida forma parte de la segunda etapa del decomiso de bienes de la causa Vialidad. La Justicia busca garantizar el recupero del perjuicio económico establecido en el expediente, cuyo monto actualizado quedó fijado en casi $685.000 millones. La Corte Suprema dejó firme esa cifra en julio de 2026.
El departamento de San José 1111 ya había sido incluido en pedidos anteriores para ampliar el decomiso de bienes. En mayo, el fiscal Diego Luciani había solicitado incorporar la propiedad al proceso de recuperación de activos.
Ahora, el TOF 2 avanzó con una medida cautelar para evitar que los bienes alcanzados puedan ser transferidos, gravados o sustraídos mientras continúa el procedimiento.
¿Cristina Kirchner tendrá que mudarse?
Por el momento, el embargo no implica una mudanza inmediata. La medida cautelar garantiza la disponibilidad jurídica del inmueble para una eventual ejecución posterior, pero no equivale al decomiso definitivo.
El escenario podría cambiar si finalmente la Justicia dispone el decomiso y posterior ejecución de la propiedad. En ese caso, el tribunal debería resolver cómo compatibilizar esa decisión patrimonial con el régimen de prisión domiciliaria que cumple la expresidenta.
La situación adquiere especial relevancia porque la resolución que otorgó la prisión domiciliaria estableció específicamente a San José 1111 como domicilio de cumplimiento de la pena y fijó reglas de conducta y control electrónico.
La causa Vialidad y el patrimonio en disputa
El avance sobre San José 1111 se produce mientras la Justicia analiza una extensa lista de propiedades, vehículos y participaciones societarias vinculadas con los condenados.
En julio, la Corte Suprema dejó firme el monto actualizado del decomiso, calculado en aproximadamente $685.000 millones. La cifra corresponde al perjuicio económico determinado en la causa por las irregularidades investigadas en la obra pública vial de Santa Cruz.
La segunda etapa incluye bienes vinculados a la familia Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados. También se encuentran bajo análisis activos societarios y fondos que forman parte de los pedidos de recuperación patrimonial.
Qué puede pasar ahora
El embargo de San José 1111 no modifica por sí solo la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. La expresidenta continúa cumpliendo la condena en ese inmueble mientras avanza el proceso judicial.
El punto central será determinar si el departamento finalmente queda alcanzado por un decomiso efectivo. Si eso ocurre, la Justicia deberá definir el destino del inmueble y, eventualmente, establecer un nuevo domicilio para que Cristina Kirchner continúe cumpliendo la pena bajo la modalidad domiciliaria.
El caso suma así un nuevo frente a la situación judicial de la expresidenta: mientras permanece bajo prisión domiciliaria por la condena de la causa Vialidad, el mismo inmueble que funciona como lugar de cumplimiento de la pena quedó alcanzado por una medida cautelar dentro de la ejecución patrimonial.
