El abogado Alejandro René Viano denunció que funcionarios de Gobierno intentaron extorsionar a la sociedad anónima que gestionaba el campo El Caburé, en el sur de la provincia, para quedarse con una millonaria cosecha de maíz y que comercializaron el grano de contrabando.
El conflicto con el campo de 1.997 hectáreas surgió el año pasado, cuando el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, anunció la expropiación del terreno porque la empresa no había cumplido el convenio para desarrollar un emprendimiento productivo.
En la oportunidad, desde el Ejecutivo que conduce Claudio Poggi anunciaron que la cosecha de maíz se iba a realizar y el grano quedaría guardado en silo bolsas, hasta resolver la situación judicial. Sin embargo, constataciones judiciales posteriores no lograron dar con las más de 17 mil toneladas de maíz.
Denuncia de extorsión y contrabando
Viano relató que, en la primera instancia, Bazla quiso que los dueños de El Caburé firmaran un acuerdo para quedarse con la cosecha a cambio de no iniciar acciones por la expropiación. “Eso es una extorsión”, aseveró.
Marcelo Alejandro Ingaramo, presidente de El Caburé S.A., le dijo que la cosecha era de la firma y que las acciones judiciales de escrituración que había iniciado la empresa tenía que resolverlas la propia Justicia.
Sin embargo, en medio de acciones judiciales propiciadas por Fiscalía de Estado, Ingaramo y el propio abogado fueron imputados de permanecer en el campo “sin poseer un título que acreditara esa acción”. El fiscal de Instrucción N°3 de la segunda circunscripción, José Olguín, fue el impulsor de esa formulación de cargos.
Mientras tanto, “el Gobierno cosechó el maíz y lo vendió; con lo cual, además del robo, hizo contrabando de la mercadería”, planteó Viano. “Ellos nunca debieron ni siquiera haber cosechado el maíz porque el maíz tenía dueño. La idea no era recuperar el campo sino quedarse con el maíz”, aseveró el letrado.
Viano confirmó que presentó una denuncia contra Bazla por la maniobra. “Yo solicité la imputación por enriquecimiento ilícito, defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, robo calificado, y algunas más, todo en concurso real”, dijo.
La propiedad está ubicada en el kilómetro 144, en la Ruta Provincial 27, cerca de Batavia. En junio del año pasado, el Gobierno anunció su “recuperación”.
