Siete ex secretarios de Agricultura cuestionaron al Gobierno de Javier Milei por impulsar una supuesta “modernización” del INTA que, según denuncian, encubre la venta de unas 40.000 hectáreas del organismo. La acusación fue plasmada en una carta pública difundida en las últimas horas, en la que advierten sobre un posible negocio inmobiliario y un cambio profundo en la misión histórica del instituto.
Polémica por la venta de tierras del INTA
La denuncia de ex secretarios de Agricultura
Bajo el título “INTA: no es una modernización, es un negociado”, siete ex titulares de la Secretaría de Agricultura de gobiernos peronistas alertaron sobre lo que consideran un intento de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Entre los firmantes figuran Felipe Solá, Julián Domínguez, Luis Basterra, Juan José Bahillo, Carlos Cheppi, Javier de Urquiza y Norberto Yauhar.
En el documento sostienen que la convocatoria al Consejo Directivo del INTA para debatir una “reingeniería” del organismo no busca reorganizarlo, sino habilitar la venta de cerca de 40.000 hectáreas de tierras públicas.
Acusaciones contra el Gobierno nacional
Críticas al proceso institucional
Los ex funcionarios afirmaron que el Ejecutivo avanza pese a los rechazos previos en el ámbito legislativo y judicial. Según expresaron, se estarían vulnerando mecanismos institucionales que ya habían frenado un decreto presidencial con objetivos similares.
“Tras el revés legislativo y judicial, vuelven a intentar lo mismo, pero ahora presionando al Consejo Directivo, un órgano que no pudieron disolver”, señalaron en la carta.
Un cambio de rumbo para el INTA
De un organismo público a uno orientado a pocos
Otro de los puntos centrales de la denuncia es el cambio en la misión histórica del INTA, institución que lleva casi 70 años dedicada a la investigación, innovación y transferencia tecnológica para el sector agropecuario.
Según los ex secretarios, la propuesta oficial apunta a que el INTA concentre su trabajo en proyectos cofinanciados por actores privados, dejando de lado a miles de pequeños y medianos productores. “Sería un INTA para pocos, sostenido con el aporte de todos los argentinos”, advirtieron.
Impacto en productores, trabajadores e investigación
Ajustes, cierres y pérdida de capital humano
El documento enumera posibles consecuencias del plan denunciado, entre ellas:
- Reducción significativa de personal mediante retiros voluntarios.
- Pérdida de capital humano especializado.
- Cierre de programas vinculados a economías regionales, agricultura familiar, campesina e indígena.
- Clausura de estaciones experimentales.
- Cancelación de proyectos de investigación estratégicos.
También alertaron sobre la posible baja de líneas de trabajo clave, como estudios sobre cambio climático, deforestación y cuidado de los recursos naturales.
Defensa del INTA como patrimonio público
En el cierre de la carta, los ex ministros apelaron a los representantes del Consejo Directivo del INTA, integrado por entidades del sector y el ámbito académico, para que sostengan su postura y respeten los límites fijados por el Congreso y la Justicia.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se intenta desmantelar una institución estratégica para el desarrollo federal del país”, afirmaron, y anticiparon que acompañarán a productores, trabajadores y sectores que defiendan al organismo.
