La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a José Ruffa Saraspe, exdocente de la Escuela N° 247 de Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro, quien recibió una pena de 13 años y 12 meses de prisión por abusar sexualmente de siete alumnos entre 2017 y 2019.
Sin embargo, cuando la sentencia fue notificada la semana pasada, las autoridades no lograron localizarlo. El hombre había incumplido las presentaciones judiciales que debía realizar dos veces por semana mientras gozaba de libertad bajo
El caso salió a la luz en 2019, tras la denuncia de la familia de una alumna. A partir de ese hecho, otros seis estudiantes relataron abusos similares ocurridos durante clases de distintos grados y turnos.
Durante el juicio, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano y Laura González Vitale consideró probado que el docente cometió 12 hechos de abuso sexual simple contra menores de 13 años, agravados por su rol como responsable educativo.
Las declaraciones de las víctimas fueron tomadas en Cámara Gesell, lo que permitió acreditar los delitos y avanzar hacia una condena firme.
Durante la investigación, la Fiscalía pidió en varias oportunidades la prisión preventiva de Ruffa Saraspe ante el riesgo de fuga y posible entorpecimiento del proceso. Sin embargo, el tribunal rechazó la medida y lo autorizó a radicarse en Alberti, Tucumán, bajo la condición de presentarse periódicamente ante la Justicia.
De acuerdo con el expediente, el condenado no tenía monitoreo electrónico ni restricción de movilidad, lo que facilitó su desaparición.
Las sospechas actuales apuntan a que podría estar oculto en alguna localidad del interior tucumano, aunque la búsqueda se extendió a todo el país.
Una condena que reabre el debate sobre los controles judiciales
El caso generó indignación social y reavivó el debate sobre las medidas de control que se aplican a personas condenadas por delitos graves en libertad condicional o bajo medidas cautelares.
A pesar de la confirmación de la sentencia, la falta de monitoreo permitió que el exdocente escapara, dejando en evidencia falencias en la supervisión judicial. Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan justicia efectiva tras años de proceso judicial.
