La Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán dictó un fallo sin precedentes al responsabilizar al Estado provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa por el femicidio de Paola Tacacho, ocurrido en 2020. La sentencia ordena una indemnización millonaria a su familia por la desprotección judicial que sufrió la docente, pese a las reiteradas denuncias que había realizado contra su acosador.Un caso que expuso la desidia judicial
Paola Tacacho, profesora de inglés de 32 años, fue asesinada el 30 de octubre de 2020 en San Miguel de Tucumán por Mauricio Parada Parejas, un exalumno que la hostigaba desde 2015. Tras el crimen, el agresor se quitó la vida.
La víctima había presentado al menos 22 denuncias por acoso, de las cuales solo 14 fueron registradas formalmente. Sin embargo, la mayoría quedó archivada sin avances. En una de esas causas, el juez Juan Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado, lo que, según la familia de Paola, facilitó el desenlace fatal.
En 2021, Pisa fue destituido por mal desempeño en esta y otras causas. Ahora, con este fallo, se lo responsabiliza también en el plano económico y judicial.
La sentencia obliga al Gobierno de Tucumán y al exmagistrado a pagar 36.424.858,93 pesos a la familia de la docente. Más allá de la cifra, el fallo es considerado histórico porque reconoce la responsabilidad directa del Estado en el femicidio, al haber ignorado las advertencias y los pedidos de auxilio de Paola.
“El Estado abandonó a mi hija y hoy nos están dando la razón”, expresó Mariela, madre de la víctima, quien remarcó que el dinero nunca fue el objetivo de la lucha familiar. “Lo que queremos es que quede claro que el Estado y el juez Pisa fueron responsables”, agregó.
Un femicidio anunciado
La historia de Paola Tacacho se convirtió en un símbolo de la violencia de género en Argentina. Pese a que los expedientes advertían el alto riesgo de asesinato al que estaba expuesta, las denuncias quedaron sin respuestas. Incluso, una de las causas fue archivada por “falta de espacio físico”, un dato que expone la gravedad de la desprotección judicial.
La familia de Paola continúa reclamando justicia integral y medidas más firmes para que ningún caso similar vuelva a repetirse.
