En Argentina, más de 58.000 personas con VIH podrían quedar sin acceso a su medicación a partir de agosto. El motivo es la paralización de compras de antirretrovirales por parte del Gobierno de Javier Milei, en medio de un fuerte ajuste sanitario. Organizaciones advierten sobre una crisis de salud pública inminente.
Más de 58 mil pacientes sin acceso garantizado a su medicación
Un informe reciente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) encendió las alertas en el ámbito sanitario argentino. Según los datos difundidos, al menos 58.400 personas con VIH podrían quedarse sin su tratamiento esencial a partir de agosto debido a la falta de compras de medicamentos por parte del Estado nacional.
El recorte, enmarcado en la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, afecta principalmente a los antirretrovirales más utilizados: Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir, una triple combinación que toma más del 80% de los pacientes. Además, también escasean Darunavir y Ritonavir, fundamentales para otros 10.500 usuarios.
El problema se agravó tras la cesantía del 40% del personal en la Dirección de Respuesta al VIH, área encargada de la planificación y distribución de tratamientos. Aunque el Ministerio de Salud intentó minimizar el impacto, diversas organizaciones denuncian que las compras previstas para 2024 no se concretaron o fueron interrumpidas por trabas administrativas.
Según el Frente Nacional por la Salud con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, quienes no puedan acceder al tratamiento gratuito deberán enfrentar costos superiores a los $130.000 mensuales, una cifra inaccesible para la mayoría.
Pese a la existencia de alternativas más económicas como el Fondo Estratégico de la OPS, el Gobierno no activó las compras necesarias. A esto se suma la falta de licitaciones abiertas: las pocas adquisiciones que se hicieron fueron por contratación directa, sin previsión ni distribución garantizada.
Además, con un presupuesto congelado desde 2023 y una inflación acumulada que erosionó el poder de compra estatal en un 76%, la reposición del stock resulta cada vez más incierta.
Desde GEP reclamaron que se “levante el cepo a la información” sobre las gestiones de compra y distribución. “Miles de vidas están en juego”, alertaron. La organización exigió una reacción inmediata del Gobierno para restablecer el suministro y garantizar el acceso a los tratamientos.
