El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe solicitó este martes dejar sin efecto el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
Argumentó que las pruebas reunidas hasta el momento son “insuficientes” y pidió dictar la falta de mérito.
El dictamen del fiscal Agüero Iturbe
Según fuentes judiciales, el fiscal consideró que aún restan medidas de prueba claves antes de avanzar con un procesamiento firme. Entre ellas, mencionó la necesidad de tomar declaración al ex canciller Santiago Cafiero.
En su dictamen, propuso que se dicte la falta de mérito para Fernández mientras se completan esas diligencias.
La solicitud fue presentada ante los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, quienes deberán resolver la situación procesal del expresidente y de otras 32 personas imputadas en el expediente. Los magistrados no están obligados a seguir el dictamen del fiscal.
Antecedentes del procesamiento
El expresidente había sido procesado en julio por el juez Sebastián Casanello bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Según el magistrado, Fernández intervino para favorecer al broker de seguros Héctor Martínez Sosa, integrante de su círculo cercano y pareja de su entonces secretaria, María Cantero.
En su resolución, Casanello destacó que las comisiones obtenidas por Martínez Sosa durante la gestión de Fernández alcanzaron los 2.252 millones de pesos, lo que representó casi el 60% del total abonado por Nación Seguros.
En comparación, la segunda firma en la lista, la del broker Torres García, obtuvo el 17%.
La estrategia de la defensa
La abogada defensora Mariana Barbitta también pidió la revocación del procesamiento. Argumentó que existió una violación al principio de congruencia, ya que el llamado a indagatoria dictado por el juez Julián Ercolini en noviembre pasado no se correspondía con las calificaciones jurídicas introducidas luego por Casanello.
Barbitta agregó que el único mensaje que vincularía a Fernández con la maniobra resulta ambiguo. El expresidente había respondido “ya me ocupo” cuando su secretaria le advirtió que La Cámpora intentaba “armar un broker” en Cancillería.
La defensa también solicitó levantar la prohibición de salida del país y el embargo de más de 14.000 millones de pesos, por considerarlo “desproporcionado”.
Conclusión
La resolución ahora queda en manos de la Sala II de la Cámara Federal, que deberá decidir si confirma el procesamiento, lo revoca o dicta la falta de mérito.
La decisión será clave para definir el futuro judicial de Alberto Fernández en una causa que ya salpica a más de 30 imputados y que investiga millonarias comisiones en la contratación de seguros estatales.
