La Unidad Fiscal Descentralizada Villa Mercedes solicitó la indagatoria del exrector David Rivarola y otros seis exfuncionarios de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME). La acusación es por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica”.
Todos están acusados de haber realizado en 2023 un concurso simulado para beneficiar a la hija de Rivarola con un contrato de consultoría, en el marco de un programa de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El fiscal federal subrogante, Danilo Miocevic, y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch atribuyen a las exautoridades universitarias la manipulación del proceso de selección entre junio y agosto de 2023 para garantizar la contratación bajo apariencia de legalidad.
Piden indagatoria de siete exfuncionarios de la UNVIME
La nómina de personas citadas a indagatoria incluye a la vicerrectora, el jefe de contrataciones, el secretario general, el coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración y un integrante de la comisión evaluadora.
La hija de Rivarola también fue citada en calidad de partícipe necesaria de la maniobra, por la cual obtuvo un contrato de 916 mil pesos. Para acceder al beneficio, la mujer declaró de forma falsa que no tenía relación de parentesco con el rector.
En la división de roles, Rivarola dirigió la maniobra, evitando firmar documentos para esconder el parentesco. La vicerrectora, en cambio, firmó las resoluciones y contratos en lugar del rector para disimular la intervención.
Manipulación de bases y falta de publicidad
El Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó que el convenio con el BID obligaba a la casa de estudios a cumplir “con las más altas normas éticas”, lo cual prohibía expresamente prácticas fraudulentas.
Según Fiscalía, el jefe de contrataciones envió solo tres cartas de invitación —entre ellas a la hija del rector—, lo cual violó la obligación de publicidad del concurso. El coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y el integrante de la Comisión fueron parte de la mesa que alteró las bases.
Ante la aparición fortuita de cuatro candidatos más, la comisión evaluadora decidió cambiar las reglas: elevó los requisitos académicos, incorporó el conocimiento de inglés y modificó el sistema de puntaje. El dictamen señala que, de no mediar estas modificaciones, la hija de Rivarola no habría ganado.
El MPF subrayó que esta maniobra comprometió la reputación de la República Argentina ante el BID. Los hechos se calificaron como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, más el delito de falsedad ideológica para la vicerrectora, el secretario general y la beneficiaria.
