Fiscales rechazan la reforma del Ministerio Público por el impacto laboral y salarial

Fiscales de las tres circunscripciones judiciales de San Luis expresaron su «preocupación y disconformidad» con el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado provincial y avanza en la Cámara de Diputados.

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Los funcionarios enviaron una nota al procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, para solicitar una reunión urgente y plantear sus objeciones a la propuesta, incluida en el proyecto de Reforma Judicial que impulsa el oficialismo.

«Dicha normativa resulta no solo lesiva para nuestros derechos laborales y condiciones de salud, sino que entendemos que no aportaría elementos que contribuyan a la optimización ni a la eficiencia del servicio de Justicia», sostuvieron en el escrito remitido el viernes.

Uno de los cambios centrales propone que el fiscal de Instrucción también intervenga como fiscal de juicio en las causas que inicia. Actualmente, las etapas de investigación y juicio están a cargo de funcionarios distintos.

Quienes impulsan la modificación sostienen que la fragmentación dificulta que el fiscal de juicio cuente con todos los elementos probatorios reunidos durante la instrucción para evaluar y redefinir el curso de una causa.

Advierten por más tareas sin mejoras salariales

Los fiscales cuestionaron que el cambio ampliaría sus responsabilidades sin una compensación económica ni recursos adicionales. En la nota, señalaron que la reforma implicaría «un incremento de nuestras funciones sin la contraprestación económica justa ni el refuerzo proporcional de personal e insumos de trabajo».

También describieron las condiciones en las que desarrollan sus tareas y enumeraron problemas salariales, falta de personal e insumos y exposición a situaciones de riesgo.

«A ello se suman las deficientes condiciones salariales que percibimos; la presión permanente a la que nos vemos sometidos; la notoria insuficiencia de recursos humanos y materiales; el riesgo constante derivado del trato diario con personas en conflicto con la ley penal», expresaron.


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