El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, solicitó a la jueza de Garantía N° 4 que se rechacen los planteos de nulidad y excepciones presentados por las defensas de tres de los once imputados en la megacausa que investiga delitos de asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de documentos.
Audiencia clave por planteos de nulidad
Los abogados de Pablo Héctor Herrera, María de los Ángeles Toscano y Juan Cruz Domínguez se presentaron este martes ante la jueza Luciana Banó para plantear excepciones (como prescripción, cosa juzgada o incompetencia) y nulidades, amparadas en supuestas irregularidades graves durante la investigación.
Los defensores argumentaron violaciones al derecho de defensa, falta de notificaciones, inclusión de causas prescriptas y archivos, y cuestionaron la legalidad de las auditorías y la participación de particulares damnificados.
“Se vulneró el derecho de defensa, ya que los imputados estuvieron dos años sin poder presentar pruebas ni participar en pericias”, afirmó Sánchez Pagano, abogado de Herrera y Toscano.
La Fiscalía se opone
Assat, acompañado por la fiscal adjunta Ornella Costa, señaló que los planteos son infundados:
- Recordó que el cuestionado “allanamiento digital” ya fue validado por el Tribunal de Impugnaciones en diciembre de 2024.
- Explicó que la investigación preliminar no exige notificación inmediata a los imputados y que, desde su formal individualización, la defensa puede ejercer todos sus derechos.
- Destacó que la figura de asociación ilícita se compone de múltiples hechos y que algunos archivos invocados por la defensa no extinguen la acción penal.
“No se acreditó ningún agravio concreto ni causal de extinción de la acción penal. Todas las nulidades planteadas deben ser rechazadas”, concluyó Assat.
La megacausa: un fraude millonario
La investigación apunta a una organización delictiva que habría operado durante años en distintas localidades de San Luis, incluyendo la capital, El Volcán, Merlo y Potrero de los Funes.
Según la hipótesis fiscal, los imputados simulaban procesos sucesorios y cesiones de derechos usando documentación falsa, logrando sentencias engañosas que les permitían registrar inmuebles a su nombre. Se estima un perjuicio patrimonial de más de 4 millones de dólares.
“Los domicilios ‘seguros’ o ‘controlados’ pertenecían a miembros de la organización, evitando que los verdaderos propietarios recibieran notificaciones judiciales”, detalló Assat.
Próximos pasos
La jueza Banó comunicó que dará su decisión sobre los planteos de nulidad en un plazo de hasta 48 horas, según lo establece el Código Procesal Penal de San Luis.
Los imputados que participaron del proceso incluyen: Juan Cruz Domínguez, Pablo Héctor Herrera, María de los Ángeles Toscano, Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar y Walter Luis Alejandro Terceros.
