La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, formuló cargos contra el ingenieron civil de San Luis, Salvador Presti, último imputado incorporado a la denominada mega causa por estafas inmobiliarias, con lo que ya son 16 las personas investigadas en la causa.
La audiencia estuvo a cargo de la Fiscal Adjunta Ornella Costa, junto al Fiscal de Instrucción Penal N° 1, Francisco Assat, y contó con la participación de los abogados querellantes Maximiliano Pipitone y Sebastián Pipitone, así como la Fiscalía de Estado, representada por Florencia Bustos Samperisi.
Detalles de la imputación
Según la Fiscalía, Presti habría participado en la apropiación ilegítima de un inmueble rural en la zona de Vallecitos, mediante un esquema planificado que incluyó:
- Obtención de la confianza del propietario mediante un poder para gestiones administrativas.
- Confección de documentación falsa para generar una cadena dominial ficticia.
- Promoción de una demanda judicial basada en esos instrumentos apócrifos.
- Uso de testigos falsos para sostener la versión ante la Justicia.
Estas maniobras habrían permitido obtener una sentencia judicial favorable, consolidando la transferencia del inmueble de manera aparentemente legal. La Fiscalía calificó los hechos como falsificación de instrumentos públicos y privados, uso de documento falso y estafa procesal, en calidad de autor.
Medidas de coerción
Para garantizar la sujeción de Presti al proceso, la magistrada dispuso:
- Firma periódica en el libro de imputados.
- Prohibición de salir de la provincia.
- Medida cautelar de prohibición de innovar sobre el inmueble involucrado.
Tanto la querella como la Fiscalía de Estado respaldaron la imputación y las medidas solicitadas. Por su parte, la defensa a cargo de Maximiliano Del Signore rechazó las acusaciones, negando la participación de Presti en maniobras de falsificación o fraude, y solicitó un plazo de 120 días para producir prueba, incluyendo pericias y requerimientos a organismos públicos.
La mega causa
La investigación se centra en un presunto entramado delictivo vinculado a múltiples apropiaciones ilegítimas de inmuebles en distintos puntos de la provincia. Según la Fiscalía, se trataría de un esquema organizado y sostenido en el tiempo, con roles distribuidos para ejecutar cada maniobra.
Entre las estrategias utilizadas se encuentran la generación de documentación falsa, la utilización de domicilios falsos para impedir la notificación de los verdaderos titulares y la obtención de sentencias favorables que permitían la inscripción de los bienes a nombre de los acusados.
La investigación, que lleva más detres años, involucra un perjuicio económico de gran magnitud y presenta alta complejidad por la cantidad de personas involucradas y las características de las maniobras analizadas.
