La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial formalizó este jueves cargos contra Vanesa Valenzuela por los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y abuso de armas, en concurso real. La imputación está vinculada a un hecho registrado el 13 de noviembre por la tarde en la intersección de Caseros y Falucho, en la ciudad de San Luis.
La audiencia estuvo a cargo del fiscal Francisco Assat y del fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos y dispuso que Valenzuela permanezca bajo prisión domiciliaria durante 60 días. Para adoptar esa medida, la magistrada valoró que la acusada no posee antecedentes condenatorios y que es sostén de su hogar, con cinco hijos y un nieto a cargo.
Los hechos investigados
Según expuso la Fiscalía, Valenzuela habría llegado al lugar del incidente junto a dos personas aún no identificadas. Estas habrían agredido físicamente a un hombre mientras lo interrogaban por un conflicto previo. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la imputada habría sacado de entre sus prendas un arma calibre 22 y efectuado un disparo a corta distancia, lo que provocó una lesión que requirió atención médica y una intervención quirúrgica.
El Ministerio Público Fiscal indicó que la acusación se respalda en diversos elementos de prueba, entre ellos un registro de cámaras de seguridad que mostraría la secuencia completa del hecho.
Assat solicitó que se dicte prisión preventiva por 60 días al considerar que existen riesgos procesales, como posible influencia sobre testigos, afectación a la persona agredida y la gravedad del hecho ocurrido en un espacio público y transitado.
Por su parte, el defensor adjunto Diego González Zunino se opuso a la medida. Argumentó que los delitos imputados son excarcelables, que la acusada carece de antecedentes penales y que es sostén de familia. Solicitó su libertad mientras avance la investigación o, en su defecto, la prisión domiciliaria.
La decisión judicial
Finalmente, la jueza Dopazo Samper ordenó la prisión domiciliaria por 60 días, con supervisión del Instituto de Reinserción Social y con una prohibición de acercamiento —presencial o por medios tecnológicos— hacia las personas vinculadas a la causa. Durante la audiencia, la magistrada explicó los alcances de la medida y advirtió que cualquier incumplimiento permitirá al Ministerio Público Fiscal pedir la prisión preventiva efectiva.
La jueza también subrayó la importancia de respetar las condiciones impuestas y destacó que el uso de un arma de fuego en un hecho violento constituye un factor relevante para evaluar los riesgos procesales.
