Los exfuncionarios puntanos Sergio Freixes y Mario Zavala fueron trasladados este sábado al Servicio Penitenciario Provincial, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara sus condenas a seis años de prisión por amenazas coactivas y agravadas en el caso de las renuncias anticipadas de jueces.
Ambos, que ocuparon los cargos de ministro y viceministro de la Legalidad durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, se encuentran en el período de adaptación del sistema carcelario, sin visitas y con contacto limitado a sus defensas técnicas.
Durante el fin de semana se difundió un video del ingreso de Freixes al Penal, esposado y escoltado por agentes penitenciarios. La defensa analiza denunciar la filtración de esas imágenes. En el caso de Zavala, esposo de la ministra de Salud Teresa Nigra, no trascendieron registros audiovisuales.
El origen del escándalo: renuncias en blanco
El caso se remonta a junio de 2004, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial provincial, que creó nuevos cargos. En abril de 2005, la fiscal Gretel Diamante y la jueza Marina Ziliotto denunciaron ante el Senado que magistrados habían sido obligados a firmar renuncias anticipadas sin fecha como condición para asumir.
El Ejecutivo aceptó entonces ocho renuncias:
- Víctor Endeiza (defensor oficial, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia).
- María Iris Vallica, Ernesto Lutens, Humberto Agúndez y Néstor Spagnuolo (designados camaristas que nunca asumieron).
- Mónica Corvalán, Marcelo Leonhardt y Viviana Oste (jueces en funciones que quedaron sin cargo).
Los cinco primeros mantuvieron los cargos que tenían antes del ascenso, mientras que los últimos tres ocuparon luego otros puestos judiciales.
También quedaron fuera Marina Ziliotto y Verónica Alonso, las primeras en denunciar el mecanismo.
La condena firme
El esquema fue atribuido a Freixes y Zavala, quienes exigían las renuncias en blanco para condicionar a los jueces. En 2018, el Tribunal Oral Federal los condenó; en 2019, Casación agravó la pena a seis años. Finalmente, en noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó firme la sentencia, cerrando uno de los mayores escándalos sobre la independencia judicial en San Luis.
