El Gobierno nacional oficializó este jueves el nuevo texto ordenado del marco regulatorio de AySA, que actualiza la normativa que rige el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. La medida, establecida mediante el Decreto 805/2025 y publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el proceso de privatización de la empresa estatal.
Un texto actualizado y corregido por el Ministerio de Economía
El documento aprobado reemplaza al marco regulatorio anterior y unifica todas las modificaciones introducidas durante las últimas semanas. Fue elaborado por el Ministerio de Economía, que también corrigió errores detectados en decretos previos, entre ellos la redacción del artículo 20 del Anexo E sobre el “cargo por construcción”, donde se habían invertido los términos “medido” y “no medido”.
El Anexo I del decreto contiene la versión completa y revisada de la normativa, que ratifica que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Además, establece que el servicio debe prestarse con criterios de justicia, eficiencia, profesionalismo y total transparencia.
Alcance territorial y organismos involucrados
Dónde rige la normativa
El nuevo texto reafirma que el marco regulatorio aplica en:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- 26 municipios del conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López
- Servicio de recepción de efluentes en bloque en Berazategui
Ejes centrales del nuevo marco normativo
El decreto reafirma principios como:
- Eficiencia y equidad en la prestación del servicio
- Continuidad y calidad garantizadas
- Transparencia en la gestión
- Acceso universal al agua potable
- Tarifas justas y razonables que cubran costos operativos e inversiones
También se detallan las funciones del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y de APLA (Agencia de Planificación), encargados del control y la planificación del servicio, respectivamente.
Avanza el proceso impulsado por la Ley 27.742
La aprobación del texto se da mientras avanza la privatización de AySA, habilitada por la Ley 27.742, que declaró a la empresa “sujeta a privatización” y otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de ocho meses para concretar la operación.
La coordinación del proceso recae en la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía. El Gobierno sostiene que la venta debe realizarse bajo criterios de “transparencia, máxima concurrencia y eficiencia”.
El decreto ya está vigente y fue enviado para su análisis a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme al procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia (Ley 26.122).
